León y la ley de sedes CyL

El 29 de diciembre de 1987 se publicaba en el BOE la ley que fijó las sedes de las instituciones autonómicas de Castilla y León en Valladolid. La lectura del texto, 35 años después de su redacción, aconseja revisar su vigencia.

La Ley expone que el «principio esencial» de la vertebración de la autonomía es la descentralización. Se proclama que todas las provincias deben participar en el reparto de instituciones «superando viejos criterios centralizadores». Sin embargo, en un giro argumental inexplicable, continúa: «tal planteamiento ha conducido a estimar la coincidencia de las instituciones básicas en un solo lugar y a optar por aquel lugar que resultara más accesible y adecuado para el conjunto de la comunidad». En resumen, diciendo que hay que descentralizar, estableció lo contrario: situó en Valladolid las Cortes, la Presidencia y la Junta.

¿Por qué se contradice la propia ley en la exposición de motivos? Porque el Estatuto establece la descentralización como precepto, pero se proponía no cumplirlo. En consecuencia, la Ley de Sedes de Castilla y León nació en fraude de ley. ¿La causa? probablemente la inexistencia de recursos digitales y la satisfacción de compromisos del Presidente.

Tal centralismo se fundamenta en la «funcionalidad, eficacia y accesibilidad» institucional que proporcione «racionalidad y coherencia». Estos criterios podrían tener algún sentido en una sociedad analógica, como la de 1987. Sin embargo, actualmente no existen tales problemas de comunicaciones, pues la digitalización permite deslocalizar cualquier área de una organización sin perjudicar su funcionamiento.

Por otra parte, 35 años después se evidencia el inmenso daño que esta concentración infligió en la Región Leonesa. En consecuencia, las fuerzas políticas deben impulsar la derogación de la Ley de Sedes. El posterior traslado de las instituciones, en función del peso demográfico de las provincias receptoras, es urgente, para reequilibrar la economía.

Corresponde un 40 % de las sedes centrales a la Región Leonesa, según su población: 5 % al Bierzo, 14 % al resto de León, 14 % a Salamanca y 7 % a Zamora. La operativa en red, mediante el uso de internet, propiciará el desarrollo global del territorio. En definitiva, los partidos presentes en la provincia de León tienen la obligación, en coherencia con los intereses de los ciudadanos a los que representan, de derogar la Ley de Sedes de Castilla y León. La plena provincialización del presupuesto que traería, paliaría el declive económico de León. A falta del autogobierno leonés, los defensores de esta autonomía se lo deben a los leoneses para restaurar algo el equilibrio.