El debate sobre la autonomía de León

En la entrevista publicada ayer en estas páginas la presidente del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, afirmaba: «El debate sobre la autonomía de León se debe resolver primero en la comunidad». Resulta una respuesta interesante, pues proporciona dos informaciones. La primera es que existe un debate sobre la autonomía de León, algo impensable hace poco tiempo. Es una conquista colectiva relevante e imprescindible. La segunda información es que considera incómodo hablar de este conflicto ante unas elecciones generales. Batet intenta confinar el debate en el ámbito autonómico. Es notorio que puede hacer daño al PSOE de cara a las elecciones generales, partido que sufre una convulsión autonómica por el leonesismo, y Batet es militante.

El debate sobre la Autonomía Leonesa no puede realizarse en el ámbito autonómico porque está vetado en Valladolid. Las manifestaciones con decenas de miles de personas pidiendo la autonomía no se reflejaron en la prensa castellana. Esta censura se modula mediante las subvenciones a los medios de comunicación castellanos, a los que se da a elegir entre el seguidismo a la Junta o la sequía de dinero público. En conclusión, aunque una de las vías hacia la autonomía sea la modificación del Estatuto de Castilla y León, en su artículo 2, excluyendo a las provincias leonesas, actualmente es improbable. Por esa razón habrá que iniciar la creación de la Autonomía Leonesa por las otras cinco vías que siguen abiertas: las constitucionales.

Sobre la duda que algunos quieren extender sobre si están en vigor, cabe decir que los artículos donde se trata (143, 144, 151) no son disposiciones transitorias, por lo que su efecto no ha decaído. De hecho, el Estatuto de Castilla y León y el de Navarra preveían la modificación futura del mapa autonómico. Uno planteaba la absorción de otras autonomías y el otro la segregación de provincias desde una autonomía. Ambos fueron dados por constitucionales, lo que corrobora el pleno vigor de todo el articulado constitucional y la practicabilidad del proceso autonómico.

Conviene recordar que el artículo 153 obliga al Gobierno de España al control de la actividad de las autonomías. El agudo desnivel socioeconómico entre la Región Leonesa y la Castellana ha derivado en una situación de necesidad. Existe una causa de interés general por la que intervenir. Esto se podría traducir, por ejemplo, en la suspensión de las competencias autonómicas (155) a favor del Gobierno Central, o en la creación de una Autonomía Leonesa (144 y 143.2).

El debate llegará a la cámara territorial, el Senado, donde ningún senador leonés aún ha expuesto tal situación.