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Merayo explica que buscaba reunirse con Ulibarri para quejarse del maltrato mediático de su línea editorial

Merayo explica que buscaba reunirse con Ulibarri para quejarse del maltrato mediático de su línea editorial

EL BIERZO IR

El portyavoz del PSOE y el concejal del PP, Ricardo Miranda dialogando tras el pleno. | M.I. Ampliar imagen El portyavoz del PSOE y el concejal del PP, Ricardo Miranda dialogando tras el pleno. | M.I.
M.I. | 31/08/2018 A A
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Merayo explica que buscaba reunirse con Ulibarri para quejarse del maltrato mediático de su línea editorial
Política Niega cualquier presunto trato de favor hacia el empresario en las adjudicaciones de dos contratos que aún coletean, el TUP y el servicio de basuras, ambos heredados, dijo en pleno extraordinario
La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo explicó que la reunión que pedía mantener en un lugar discreto y sin que les conocieran, como recogen los informes de las escuchas policiales de la Operación Enredadera, con el empresario ahora encarcelado, José Luis Ulibarri, tenía como fin ponerle de manifiesto el maltrato mediático que estaba soportando del grupo editorial del constructor. La regidora aseguraba que era notorio que se vetaba su foto o se buscaban temas negativos para publicar en el Diario de León encaminados, no solo a una información carente de objetividad, sino a un “trato injusto” del que quería hablar con Ulibarri en esa reunión que finalmente asegura que no se produjo. De ese modo, la regidora explicaba en el pleno extraordinario que habían solicitado PSOE, Ciudadanos y Ponferrada en Común para aclarar las escuchas en las que ella llamaba al constructor solicitándole el encuentro, que no había tenido detrás ninguna pretensión empresarial, como se le cuestionó a lo largo de la sesión.

Los demandantes del pleno le preguntaban si las conversaciones con Ulibarri tuvieron que ver con mantener la prórroga de dos contratos con sus empresas, el Transporte Urbano de Ponferrada, TUP, y el servicio de basuras, que llevaba Fomento Construcciones y Contratas hasta que se tuvo que revocar esa concesión para proceder a cumplir con una sentencia judicial a favor de otra de las licitantes, Urbaser, que se estiró en el tiempo y en la actualidad aún no hay concesionaria. Aunque la alcaldesa y su concejal Ricardo Miranda intentaron explicar que ambos contratos son una herencia recibida que no han podido solucionar por el momento, la portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, lamentó que se pusieran ese escudo “estaba en su mano solucionarlo”, dijo. Miranda ponía sobre la mesa precisamente que no haya decisiones adoptadas en ambos casos, limpiando de posibles tratos de favor al empresario.

Sí reconoció Miranda, sin embargo, haber tenido conversaciones con un alto cargo del TUP en las que asegura que no se le dio información privilegiada “solo me preguntaba por los plazos del expediente, algo que me parece normal”, justifica e incluso asegura que su tono en la conversación no era agradable. Miranda reprocha a la oposición que se plateen un trato privilegiado con alguien que “me trata con un desprecio absoluto” en las escuchas de la Udef. El concejal aseguró que no hay pliego de condiciones alguno sobre el TUP, como le preguntaron desde la oposición “porque no se puede hacer” pero asegura que la intención es municipalizar el servicio, después de que los técnicos hayan constatado que ya no se pueden seguir formulando pagos a la concesionario. La regidora incluso augura una huelga del transporte y un litigio por parte del TUP para cobrar a partir de ahora.

“No tenemos nada que esconder, que no vean fantasmas donde no los hay. No hay mala fe y yo no puedo ser responsable de lo que se hable de mí en los medios”, decía Merayo que reconocía que no hay investigaciones abiertas en el Ayuntamiento. La regidora defendió en todo momento las reuniones con empresarios, incluso de manera oculta, como ella solicitaba en las conversaciones “lo malo no son las reuniones, sino ceder a las presiones, pero eso no sucedió. Un alcalde no elige su interlocutor”, dijo.

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón no descarta que Ponferrada “tenga una pieza en la Operación Enredadera” después de lo escuchado en el pleno. Aunque la alcaldesa se escudó en las explicaciones sobre un maltrato mediático que quería tratar, Ramón considera que podría ocultarse otro tema: el retraso en la toma de decisiones del contrato de basuras. Con respecto a las declaraciones de Miranda, Ramón considera que “no son admisibles” porque en las escuchas ofrece información a un directivo de una de las empresas licitantes de un servicio “y no se puede dar información privilegiada a un empresario licitante”, dice.

"Esta trama abierta no tiene ningún sentido"


El portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, quiso hacer una declaración de amistad hacia el empresario cabeza de la trama, José Luis Ulibarri, apuntando que “me considero su amigo desde hace 40 años”. Por eso asegura que “esta trama abierta no tiene ningún sentido porque es el sistema judicial el que se debe ocupar de este asunto”. Muñoz aprovechó para afear la actitud de aquellos que “corrían a sacarse la foto a su lado” hace unos meses y ahora lo tachen de delincuente.

Muñoz explicó su aparición en los papeles de la trama, en los que se le menciona en una conversación entre un periodista del Diario de León con Ulibarri en una entrevista concertada. Reconoce que sobre el servicio de basuras le dijo “lo que ya sabía la ciudadanía, que era necesario reunir la mesa de contratación y que después la decisión se pasaría a comisión y a pleno, como sucedió con posterioridad. Era lo que trasladamos a todos los medios de comunicación siempre que se me han preguntado”, dijo, dejando claro que “yo solo hago comparecencias públicas con luz y taquígrafos”.

Sus justificaciones sí dejaron satisfechos a los solicitantes de pleno, pero no las de Samuel Folgueral, que aparece en las escuchas en una llamada que él mismo hace a Ulibarri para informarle de un tema importante que no quiere relatar por esa vía, a lo que el empresario le contesta que le dará un número de teléfono seguro para hacerlo. Folgueral justificó esa petición de reunión en que “me gusta que sean cara a cara” y defiende la normalidad en las reuniones “con operadores del tejido social. Entendemos que es una obligación de todos los responsables públicos tener los datos precisos para tomar decisiones justas y eso nos obliga a reunirnos”, dijo, asegurando que no se había escondido de nada.
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