La especie del lobo tenía en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007, legislación básica del Estado, una protección estricta para las poblaciones al sur del río Duero, pero se admitía su caza controlada para las poblaciones ubicadas al norte del mismo.
Bajo este régimen, se aprobó la Ley de Caza de Castilla y León de 1 de julio de 2021, donde se contempla por ello la posibilidad de caza controlada del lobo al norte del Duero, previa obtención de la correspondiente autorización administrativa.
Sin embargo, tres meses después, el Estado aprobó la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 2021 que amplía también la restricción de la caza del lobo al norte del río Duero, abarcando por tanto todo el territorio de España, y alterando la previa previsión legal básica que venía desde el año 2007. Esta Orden fue inmediatamente impugnada por la Junta de Castilla y León ante la Audiencia Nacional mediante un recurso contencioso administrativo, como también lo hicieron gobiernos autonómicos de diferentes signos políticos, como Cantabria, Asturias o Galicia, que en la actualidad se están tramitando.
Acuerdo en las Cortes
Las Cortes de Castilla y León volvieron a pedir ayer la vuelta del régimen jurídico previo en la gestión del lobo al sur del río Duero tras asegurar, tal y como recogió la proposición no de ley (PNL) presentada por el Partido Popular, que la especie está en buen estado de conservación.
Con el voto a favor de toda la Cámara y solo la abstención de PSOE y Pablo Fernández (Podemos), el Parlamento instó a la Junta a exigirle al Gobierno central que deje sin efecto la última orden del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre) y del catálogo de especies amenazadas, al menos hasta que se resuelvan los recursos de las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias profesionales, así como actualizar el nuevo censo poblacional del lobo.