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El PP denuncia ilegalidades en el acceso de las piscinas de Valencia de Don Juan

El PP denuncia ilegalidades en el acceso de las piscinas de Valencia de Don Juan

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Imagen de archivo de las piscinas de Valencia de Don Juan. | L.N.C. Ampliar imagen Imagen de archivo de las piscinas de Valencia de Don Juan. | L.N.C.
A. R. | 08/07/2022 A A
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El PP denuncia ilegalidades en el acceso de las piscinas de Valencia de Don Juan
Comarcas Critica que el Ayuntamiento elimina la posibilidad de pagar las entradas en efectivo
El Grupo Popular municipal de Valencia de Don Juan reitera su postura en contra del actual sistema de acceso a las piscinas municipales, que ha quedado limitado al pago con tarjeta de la entrada en las máquinas expendedoras de tickets o a través de compra online, después de que el Pleno del Ayuntamiento rechazase la propuesta de los populares de facilitar el acceso con todos los medios de pago posibles.

Según el portavoz de los populares, José Jiménez, con la eliminación del pago en efectivo en taquilla se han producido ya diversas situaciones incómodas para los usuarios, «hay que tener en cuenta que no es nada desdeñable el porcentaje de personas que no disponen de estos medios o no manejan las nuevas tecnologías, como ocurre frecuentemente en el caso de las personas mayores, y que por tanto se ven discriminadas a la hora de acceder al recinto».

Así, desde el PP recuerdan al Gobierno municipal socialista que, además de entorpecer el acceso, la limitación al pago con tarjeta es contraria a la ley, de acuerdo con el art. 82.4 del Real Decreto Ley 24/2021 de 2 de noviembre de 2021 de la Ley General Para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que defiende el pago en efectivo y contempla como infracción la negativa a aceptar el efectivo como medio de pago, por lo que «esta decisión puede acarrear sanciones de entre 150 y 10.000 euros que supondrían un duro y evitable golpe a las arcas municipales».

Finalmente, desde el PP lamentan que esta postura «inflexible», que ha sido la «habitual» desde su llegada al gobierno, «está causando perjuicio a los usuarios más vulnerables de las instalaciones con el agravante de que, además, podría llegar afectar económicamente al propio Ayuntamiento».
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