Otra de las licitantes en aquel momento, Urbaser, denunció que había defectos en las puntuaciones dentro de los pliegos de condiciones que ahora deben cambiarse para volver a sentar esa mesa, de la que forman parte cuatro técnicos, los mismos que en aquel momento, en su valoración previa, dieron por mejor opción la de FCC frente a otras dos licitantes, y dos políticos, en este caso la concejala de Hacienda, Amparo Vidal y el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo.
La reunión adoptará una decisión que puede ser elevada ya a la decisión plenaria final o perfilar un segundo encuentro.
En esa reunión, la parte técnica tendrá que echarse atrás de su decisión primera, algo que no es del todo fácil y que ha llevado a que el procedimiento se haya estirado en el tiempo y a que haya dudas en la manera de cumplir el dictamen judicial incluso.
La alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, espera que esa convocatoria pueda hacer que la decisión se lleve al pleno ordinario, a finales de este mes, con lo que, tal vez, pudiera levantarse la convocatoria de huelga que los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de residuos tienen planteada para comenzar el 3 de abril. Merayo asegura que, hasta entonces «negociaremos hasta el último minuto», dijo.
Asegura que han tenido conversaciones con los trabajadores y se siente ‘optimista’ con respecto a la suspensión de la huelga si finalmente pueden llegar a un acuerdo de cumplimiento de la sentencia en pleno, lo que podría hacer que el servicio pase a manos de Urbaser y deje de ser prestado por la adjudicataria actual FCC.
Sí reconoce la regidora su preocupación por el tema, pero no por ningún tipo de presión para que se solucione «confío en la inteligencia de la gente y sé que entienden que la situación que vivimos no la hemos generado nosotros». Recuerda que ella no era alcaldesa cuando se procedió a la adjudicación del servicio que, por otra parte, considera que no fue adecuada, porque se hizo por un período de tiempo demasiado abultado, 17 años más tres de prórroga, y por un importe de 130 millones.
«Nos acaba de llegar una reclamación de siete millones»
«No dejan de llegar deudas», lamentó la regidora de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo al recibir una nueva reclamación que se presentó a la comisión de gobierno, de siete millones de euros «por unos terrenos de una expropiación», informa, de la empresa Embutidos Pajariel. Asegura que es un agujero más que se suma a los que se han ido heredando y que dan como resultado una situación «Muy preocupante, porque no es fácil gobernar con esto». La regidora considera que se reproducen «contratos fallidos en los que nosotros no hemos tenido nada que ver» pero obligan a resolverlos «los estamos sorteando como podemos». Se refería de una manera velada al contrato de Transporte Urbano de Ponferrada, TUP, también sobre la mesa.La alcaldesa asegura que, en esta situación, las arcas municipales no solo están mermadas, sino que se topan con nuevos gastos que las reducen aún más. Incluso el cumplimiento de la sentencia de FCC podría suponer un nuevo varapalo económico para ellas, puesto que el procedimiento podría acabar, de nuevo, en los juzgados. Ya el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, anunciaba las dificultades para acometer el dictamen de los juzgados, puesto que optar por la nueva adjudicación puede suponer que la actual gestora del servicio de limpieza denuncie por los años que lleva realizando el servicio y lo que supone perderlo. De considerar que FCC sigue siendo la adjudicataria y no Urbaser, esta licitante también volvería a los juzgados e incluso podría solicitar perjuicios por el tiempo que lleva litigando por un servicio que debería tener legalmente desde hace tres años.