Para ello, el departamento ha generado un primer documento de base previo para la constitución del grupo de trabajo, con varios puntos clave para determinar cuales pueden ser las pautas para concertar un marco estable y equilibrado de la cadena alimentaria de Castilla y León. Todo ello después de varias reuniones, la última hoy con las organizaciones profesionales agrarias, y anteriormente con los representantes de la Distribución (Asedas, Anges y Asucyl), la Industria (Vitartis) y las Cooperativas (Urcacyl).
Este documento de trabajo desarrollará acciones para difundir a la sociedad mensajes integradores del sistema alimentario, transmitiendo sus bondades y lo altos estándares de calidad y salubridad y se comprometerá a colaborar mutuamente para promover una estructura productiva de la cadena alimentaria “más eficiente y competitiva”, en la que cada una de las fases obtenga valor añadido sostenible.
Además, habla de apoyar prácticas mercantiles que fomenten relaciones “justas, equilibradas y leales” entre los operadores de la cadena alimentaria” y velará por la eliminación de toda práctica mercantil que “banalice” cualquier producto alimenticio y denunciará ante el Defensor de la Cadena Alimentaria de Castilla y León las prácticas irregulares que detecten.
Igualmente, incorporará más información en el etiquetado del producto final, haciendo más hincapié en el origen de los productos; extenderá entre sus socios de forma generalizada la práctica de la contratación por escrito en las transacciones mercantiles alimentarias y la transparencia en los contratos respetando los plazos de entrega y los plazos de pago determinados en los mismos; fomentará en los contratos, por escrito, una cláusula para acogerse a mediación y en su caso a arbitraje, con la intención de dar solución a los conflictos sin llegar a procedimientos judiciales; instará a sus socios a la adhesión al ‘Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria’; fomentará y difundirá las bondades de las interprofesionales, su capacidad de acción y autorregulación, y apoyará la constitución de nuevas en sectores que carecen de ellas, como es el caso de la patata; y respaldará el cooperativismo agroalimentario y la comercialización de la producción agraria a través de esta fórmula asociativa.
Pilar estratégico
La Junta consideró que es “indudable” que el sector agroalimentario es uno de los “pilares estratégicos” de la actividad económica desde el punto de vista del empleo, la riqueza y la balanza comercial de la Comunidad. Además, es un “valor seguro” para el desarrollo de las áreas rurales, puesto que la totalidad de la fase de producción, a través de la agricultura y la ganadería, y gran parte de la actividad industrial, se lleva a cabo en el medio rural.
La diferente estructura productiva, de cada uno de los sectores agrarios, con dimensiones muy dispares, con excesiva atomización y limitaciones en la oferta, se contrapone con una distribución en superficies de venta de tamaño mediano y grande mucho más organizada y concentrada, que convive también con el comercio tradicional, de estructura familiar, con un tamaño muy reducido y poco organizado.
En el medio de esta cadena, la industria de transformación, especialmente identificada con la empresa familiar de pequeño tamaño que convive con grandes empresas transformadoras, que en todo caso no representan la estructura del tejido industrial alimentario.
Por otra parte, el cooperativismo agrario también “adolece” en la mayor parte de los casos de una estructura adecuada, predominando la pequeña cooperativa, que ni siquiera incorpora transformación de las materias primas y se dedica más a prestar servicios a sus socios. Aunque, por supuesto, existen también grandes cooperativas que transforman y comercializan productos.
A esto hay que añadir una serie de inestabilidades (climatológicas, políticas, de precios y de mercado) a las que los productos agroalimentarios están expuestos día a día.