Suárez-Quiñones: "El proyecto de rutas ciclistas cambiará la forma de vida en la montaña central"

Es desde hace más de cinco años consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta y se ocupa de un amplio abanico de asuntos que repasa en esta entrevista sin olvidar el papel que su departamento ha desempeñado en la gestión de la pandemia de coronavirus.

– ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria a la gestión de sus áreas?
– Ha afectado mucho. En primer lugar, porque tenemos las competencias en materia de Protección Civil y esta pandemia sanitaria es una situación de emergencia del nivel máximo que prevé nuestra normativa, que es el dos. En todo caso, estos meses hemos actuado todos a una, como Junta y todo ha sido Consejería de Sanidad. Nosotros nos hemos encargado además de la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Locales. Hemos estado en la logística y en las compras y almacenamiento de material sanitario. Ha sido una labor compleja, sobre todo al principio, porque íbamos a comprar donde no había o en mercados internacionales como el chino, que es como el lejano oeste. No había seriedad ni ningún tipo de garantía de que llegase el material que comprábamos. Y con dinero público, que no puedes pagarlo con antelación o en el momento, como hacían los ingleses o los americanos, que iban con maletines en efectivo. Y eso es una desventaja a la hora de hacerse con el material. Fue una pelea enorme. Ahora tenemos el programa de detección de coronavirus en las aguas residuales de las residencias. Hemos desarrollado una infraestructura para poder hacer cien análisis diarios que se reparten entre más de 660 residencias de la comunidad. Son las que no tienen ahora contagios y lo que queremos es detectarlos de forma temprana y proceder al aislamiento y a realizar masivamente las PCR o test de antígenos que correspondan. También están los cribados masivos y selectivos a la población, como el de San Andrés del Rabanedo. Ahí tenemos que prestar apoyo en infraestructuras para organizarlo y que el dispositivo funcione correctamente. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente hemos invertido más de 60 millones de euros en material y hemos gestionado las llamadas ‘arcas de Noé’, esos hoteles para las personas contagiadas que no tienen posibilidad de pasar el aislamiento en casa. Hemos hecho muchas aportaciones instrumentales para que todo esto salga bien.

– ¿Qué valoración hace de los Presupuestos Generales del Estado en materia de infraestructuras para León?
– El proyecto presupuestario es decepcionante, porque no se comprometen infraestructuras muy esperadas y reclamadas por el PSOE cuando no gobernaba. No hay dinero para la autovía A-76 entre Ponferrada y Valdeorras. Hay unos proyectos de la etapa de Rajoy que deberían tener dotación para obras, pero solo hay 100.000 euros testimoniales. Tampoco hay en las proyecciones para 2022 y 2023. Es muy preocupante el abandono de una autovía que es capital para la vertebración y la actividad económica del Bierzo. No hay dinero para los pasos inferiores de la ronda este ni para cerrar el tramo noroeste. Feve, Torneros, el Palacio de Congresos, la autovía A-60, que tampoco recibe nada pese a tener los proyectos de los subtramos entre Villanubla y Medina de Rioseco y que podía contar ya con partidas para las obras. Y tampoco las hay para 2022 y 2033. Es muy preocupante la falta de compromiso de estos presupuestos con León. Esperamos que en el trámite parlamentario puedan introducirse las modificaciones que va a presentar el PP para que se doten estas infraestructuras. Solo hay dinero para Incibe y algo para Ciuden.

– Recientemente le arrancó al ministro Ábalos el compromiso de que la apuesta por el Corredor Atlántico sería similar a la del Mediterráneo. ¿Se plasma eso en los presupuestos?
– No hay una partida que nos permita ver que se acometa la modernización de la línea ferroviaria entre León y Ponferrada, que necesita reconvertirse y actualizarse a los marchamos de la Red Transeuropea de Transporte. En principio, la situación vuelve a ser decepcionante. El otro día en Sanabria le pedí al ministro Ábalos que se comprometiese y lo hizo. Dijo que el Corredor Atlántico y el Mediterráneo tienen la misma importancia. Pero eso tiene que verse en presupuestos y en que salga adelante el plan director del Corredor Atlántico, que está estancado. Nos hemos puesto de acuerdo Galicia, Asturias, donde gobierna el PSOE, y Castilla y León para fijar una estrategia conjunta para ponerla a disposición al Gobierno y que la presente en Europa a los Fondos de Recuperación y Resiliencia Europeos. Hay 140.000 millones de euros para España y hay que incluir la renovación de esa línea.

– Tampoco se ve mucho color en el proyecto de Torneros…
– Han licitado la redacción con un plazo de 30 meses. Es una patada hacia delante, porque entonces ya habrá pasado la legislatura. Esa bandera que el PSOE enarboló tanto tiempo y para la que la Junta se comprometió a cambiar urbanísticamente la zona no tiene ahora el impulso de Sepes y Adif. Nada. La realidad logística es que nos hemos comprometido con Villadangos del Páramo, que estamos trabajando en el ramal ferroviario, que el cargadero provisional está funcionando con una subvención que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aportado para la carretera y también con una subvención para las acometidas de electricidad y gas, además de la declaración como proyecto de interés regional. Estamos cumpliendo nuestros compromisos con NSR. Sí es cierto, en honor a la verdad, que el Gobierno ha incluido en los presupuestos siete millones de euros para el ramal ferroviario en 2021. Es dinero nos lo dará a nosotros para que subvencionemos parte de esa infraestructura y por tanto haya dinero de las dos administraciones.

Si hay algo que debemos proteger, es la ganadería de los daños del lobo– ¿Cuándo estará operativa la bonificación para el desvío de camiones de la N-120 a la AP-71 entre León y Astorga?
– Eso está absolutamente parado. En su momento ofrecimos una colaboración económica. No son nuestras infraestructuras. Bastante tenemos con los 11.300 kilómetros de carreteras autonómicas, que necesitan mucha inversión y no estamos pudiendo hacer todo lo que sería necesario por las dificultades económicas. En todo caso, ofrecimos subvencionar ese paso obligatorio de los camiones por la AP-71 con hasta un 75% del importe de la autopista. Corregimos el convenio y lo mandamos al Ministerio de Transportes y no hemos recibido noticias.

– Se anunció en su día un nuevo ARU para el norte de la ciudad de León. ¿Cuándo empezará a ser una realidad?
– Es una zona en la que es fundamental actuar en eficiencia energética y en dar calidad y seguridad a muchas edificaciones. Hemos actuado en la zona oeste y estamos en un ARU en San Andrés del Rabanedo, en el barrio de la Sal, y también en Puebla Norte, en Ponferrada. En la zona norte de la capital, estamos preparando elplan urbanístico para que sea declarado como ARU por la Junta. Es bueno trabajar en ello y el Ayuntamiento también lo está haciendo. Los planes de vivienda son cuatrienales. Estamos ejecutando el del periodo 2018-2021. Hay unos ARU en marcha y luego vendrá un nuevo plan estatal y regional. Esperamos el compromiso del Gobierno y ellos prevén un plan de vivienda y otro de rehabilitación con más fondos. Eso nos obliga también a elevar nuestra aportación y lo vamos a hacer. Trabajamos para que una de las nuevas ARU que se incluyan sea la del norte de la capital y para un leonés como yo, creo que no va a ser difícil conseguirlo.

– ¿Cuándo arrancará la remodelación estación de autobuses?
– Estamos confeccionando los pliegos de licitación de la obra y en pocas semanas se anunciará la apertura del plazo de presentación de ofertas. Estamos con los últimos detalles del proyecto en lo que se refiere a cómo unimos la estación de autobuses con la de trenes, algo en lo que trabaja con nosotros el Ayuntamiento de León de forma conjunta y ya casi definida. Son 8,5 millones para ese cambio radical en una estación que ahora no es acorde a una ciudad tan histórica como León.

– ¿Qué balance hace de la campaña de incendios de este año?
– No se puede hablar de buena campaña siempre que haya incendios, pero es verdad que deja un resultado muy inferior a la media de los diez últimos años. Los datos a 31 de octubre reflejan una media de 1.644 incendios en la última década y este año habido 902, lo que supone un descenso del 45%. En superficie forestal arbolada, la más importante desde el punto de vista ecológico, la media de la última década en Castilla y León está en 4.231 hectáreas y este año han sido 677, un 84% menos. Hemos tenido además una de las campañas más eficientes, porque estamos en un 69% de conatos, de incendios que se apagan antes de que hayan quemado más de una hectárea. La media de los últimos diez años está en el 64%, por lo que hemos mejorado cinco puntos en esa eficiencia, lo que refleja que tenemos un operativo potente, rápido y bien dimensionado. La campaña ha sido positiva sobre todo en el Bierzo, que nos preocupa mucho. Siempre es una tierra con importantes incendios y llevamos tres años de muy buenos datos, con solo 11 hectáreas arboladas que se han quemado. Hay varios factores, como la vigilancia con 20 cámaras, las cuadrillas nocturnas o los controles con los drones militares. También la educación ambiental y Forestalia. Es lo que pretendíamos, cambiar la forma de ver el monte, que no está para quemarlo, sino para aprovecharlo.

– Recientemente se presentaba un gran proyecto de rutas ciclistas en la montaña central. ¿Podría extenderse esta iniciativa a otras zonas de la provincia?
– Estoy muy esperanzado con ese proyecto. Las cosas cambian. Antes se buscaba una fábrica que diese empleo, ahora son nuevos modelos de turismo sostenible y de naturaleza. Es una zona devastada económicamente por el cierre de la minería y el aprovechamiento turístico ahora es limitado. Por eso es importante generar actividad económica basada en los re recursos naturales no deslocalizables. Es algo que ya está ahí y tiene paisajes maravillosos. La gente de León no conoce esa zona. Jesús Calleja siempre busca oportunidades para nuestra tierra y lleva dos años trabajando en el proyecto. En Aragón, en la zona de Aínsa, hay algo similar desde hace diez años y se ha desarrollado una industria turística impresionante con hoteles hasta de cinco estrellas. El proyecto cambiará la forma de vivir desde el punto de vista económico y social. Es una inversión de 1.250.000 euros que se va a licitar próximamente. Ya hemos pedido las licencias de obras a La Pola de Gordón, La Robla y Carrocera y a ver si el año que viene después del verano pudiera estar en funcionamiento. Ojalá la pandemia esté superada y podamos hacer una promoción y una presentación al más alto nivel europeo. La Junta va a limpiar las sendas, señalizarlas, balizarlas y peraltarlas. Y luego será un proyecto de uso libre. Son montes, caminos y sendas que son de todos y en los que nadie va a cobrar por circular. Alrededor va a nacer hostelería, restauración y servicios vinculados a la actividad ciclista. Vendrán miles de personas. Es el nuevo esquí, no deslocalizable y anual, no es una temporada de algunos meses en la que hay que mirar a ver si nieva. Es una primera parte de una iniciativa que será más grande en el futuro. Ahora mismo va a ser uno de los más importantes del país y un referente en Europa. Aínsa lo es y no tiene la riqueza paisajística de la montaña central. La idea es hacer algo que sea único en el mundo.

El nuevo modelo de transporte llegará a 115 pueblos leoneses que no lo tienen– El Tribunal Constitucional acaba de avalar la última modificación de la Ley de Caza. ¿Tiene una seguridad jurídica definitiva la actividad cinegética?
– Llevamos un año horrible en muchas cuestiones, pero en nuestra apuesta por la caza ha sido positivo. En agosto el Supremo dictó una sentencia que revocaba otra del TSJ que había puesto en suspensión la caza. Por eso se promovió la modificación de la ley vieja, para permitir con esa base legal que se mantuviera la actividad sin necesitar la base reglamentaria, que era lo que se había suspendido el TSJ. El Supremo revoca la sentencia y dice que la caza está perfectamente regulada en nuestras normas reglamentarias. Avala el modelo de Castilla y León, que ve la caza como un motor de actividad económica y social en nuestros pueblos, como un compromiso con el medio rural a través del ocio y el tiempo libre, pero sobre todo a través del control poblacional de las especies. Basta referirse a la expansión de especies como el conejo o el jabalí con daños en la agricultura, en las infraestructuras, los accidentes de tráfico y la transmisión de enfermedades a otros animales y a las personas. El coronavirus tiene origen animal, por poner un ejemplo. Es imprescindible el control de las poblaciones a través de la caza. La sentencia del Supremo ratificaba página a página nuestra política de caza, pero tuvimos otro frente, porque se presentó un recurso de inconstitucionalidad por parte del Defensor del Pueblo y una cuestión de inconstitucionalidad por parte del TSJ. Ahora el Tribunal Constitucional ha dictado dos sentencias que desestiman ambas reclamaciones. Por lo tanto, tenemos seguridad jurídica en el marco legal y en el marco reglamentario. Ahora estamos tramitando el anteproyecto una nueva Ley de Caza. Será una ley moderna. Castilla y León siempre ha sido faro en España en la regulación del medio natural. Y así va a ser con esta ley, que queremos que sea pactada con el PSOE y con otros partidos, como pasó con la reforma de la anterior. Esperamos presentarla en las Cortes antes de que acabe el año y esperamos que entre en vigor en el primer semestre de 2021. Pero mientras tanto, la caza está regulada por una ley constitucional. Estamos satisfechos.

– Castilla y León ha hecho piña con Asturias, Cantabria y Galicia para evitar que el Gobierno refuerce la protección del lobo. ¿Cree que esta decisión sería letal para la ganadería?
– Si algo tiene que estar incluido en un listado de especies protegidas, es la ganadería debido a los daños que ocasiona el lobo. Estamos cubriendo esos daños con indemnizaciones que nunca son suficientes, porque el ganadero lo que quiere es tener su ganadería. La postura del Gobierno no es correcta, porque está dejando a las claras su posicionamiento con argumentos de asociaciones minoritarias que persiguen intereses no generales, hasta el punto de que Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, cada una de su color político, nos hemos puesto en contra de figuras de especial protección para el lobo, que ya tiene un régimen jurídico que le protege, hasta el punto de que hemos pasado de 400 ejemplares a 2.000. ¿Qué protección necesita? Los cupos de caza no se cubren. Lo que hace falta es proteger a nuestros ganaderos, proteger el medio rural. Nuestro ganaderos se van y si se van, se acabó el medio rural y el paisaje que han modelado durante siglos, la protección que brinda su actividad contra los incendios forestales. El Gobierno no puede tratar cuestiones que son importantes para nosotros sin contar con las comunidades autónomas.

– Otro asunto polémico viene dado por los proyectos de grandes parques eólicos en la montaña central…
– Sé que produce sentimientos encontrados. Me he encontrado alcaldes que quieren que lleguen esos proyectos, porque generan ingresos que pueden revertir en mejorar los servicios que ofrecen a sus vecinos. Y he encontrado a otros que están en contra. Hay que tener en cuenta que no podemos nadar y guardar la ropa, que no podemos defender el compromiso contra el cambio climático y no dar oportunidad para que las energías alternativas puedan existir allí donde, desde el punto de vista técnico, parece adecuado. Todo eso hay que hacerlo de una forma sensata, cumpliendo la ley. La postura de la Junta es muy sencilla en este sentido. Somos una administración que trabaja con el estado de derecho encima de la mesa, con nuestras leyes. Los proyectos tendrán que presentarse, tendrán que evaluarse en su impacto ambiental, tenemos unos técnicos muy profesionales y válidos que se encargarán de ello, se tendrán que tener en cuenta los efectos sinérgicos no de un parque, sino de una zona de parques, que es un error que se cometió en el pasado. Si cumplen los requisitos legales, si los técnicos emiten informes favorablemente, nosotros no podemos reaccionar denegando autorizaciones porque estaríamos prevaricando.

– También está sobre la mesa el nuevo modelo para el transporte público por carretera en la comunidad…
– Este lunes empieza un periodo de consultas con los demás partidos para consensuar el Mapa de Ordenación del Transporte. Ahora no llega a todos los pueblos. Hay 1.100 de los 6.200 pueblos de la comunidad y 115 de los 1.228 de la provincia de León que no tienen este servicio y vamos a hacer que esto deje de ser así. Ha de ser un transporte moderno y comprometido con el medio ambiente. El transporte a la demanda ha ahorrado ocho millones de litros de gasoil consumido autobuses vacíos. Alguien llama por teléfono o a través de una app y pide un transporte por el que paga un euro mientras la Junta se lo pone y asume los 25 euros de coste real. Eso sí es compromiso con el medio rural. Se van a reorganizar las concesiones de transporte, que terminaron a finales del año pasado. Se iban prorrogando, pero la UE ha dicho «hasta aquí». Tenemos que volver a licitarlas, lo que supone un gran impacto para algunas empresas que llevaban en algunos casos 30 o 40 años con una línea. La Ley de Transporte, consensuada con todos los partidos, fija un catálogo de derechos para los ciudadanos que no tenían servicio y para las empresas, ya que obliga a que la Junta asuma el déficit. Ese equilibro económico ya está determinado por ley. Estamos pagando 13 millones por déficit de explotación, es decir, que el precio del billete no cubre el coste. Y con las restricciones del Covid hemos tenido que destinar casi 20 millones. El nuevo transporte costará más, pero no mucho más, porque se organizará por unidades territoriales inferiores a la provincia y la empresa de una determinada zona tiene que hacerse cargo del transporte público, del escolar y probablemente también del sanitario. Va a ser más eficiente, vamos a cubrir más y vamos a llegar a todos los pueblos. Es un servicio público esencial y básico. ¿Cómo va a quedarse la gente en los pueblos si no tienen transporte público, si no tiene internet, si no tiene escuela y los servicios básicos?