Ocho de los nueve acusados de tráfico ilegal de carne admiten su culpabilidad y llegan a un acuerdo

El Juzgado de lo Penal número 1 de León celebró este jueves, a partir de las 9:30 horas, el juicio contra los nueve acusados de sendos delitos contra la salud pública por almacenar y distribuir carne en mal estado y sin las pertinentes garantías sanitarias. Un procedimiento que finalizó con acuerdo para ocho de ellos, que aceptaron su culpabilidad y aceptaron penas menores, que van entre los cinco y los once meses de prisión. Sólo uno de ellos, propietario de un matadero en Oteruelo de la Valdoncina, siguió defendiendo su inocencia y rechazó por tanto el acuerdo de conformidad ya que para él la Fiscalía reclamaba la inhabilitación durante cuatro años para ejercer su profesión.

Según recoge el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a diciembre de 2010 cuando, en el marco de una investigación por parte del Seprona de la Guardia Civil, se habría detectado que, al menos desde esa fecha, los nueve acusados habrían realizado una serie de conductas en relación con productos cárnicos que ocasionaban un grave riesgo para el consumo humano. A cada ellos les acusaba de un delito contra la salud pública, sumando en el caso de uno de los procesados otro delito por falsificación continuada de documento oficial. Éste último, propietario de una empresa cárnica ubicada en San Andrés del Rabanedo, contaría con unas dependencias anexas a la carnicería dedicadas al sacrificio de ganado ovino, tarea que desarrollaría sin contar con la pertinente autorización administrativa y sin observar las mínimas garantías de salubridad.

Además, expone el fiscal, para aparentar que la carne contaba con todos los requisitos, habría utilizado un sello que imitaba al oficial del matadero de León, queriendo aparentar que el ganado había sido objeto de sacrificio en estas dependencias. A esto se suma el hecho de que habría distribuido la carne para consumo humano a sabiendas de que no contaba con las mínimas garantías sanitarias como etiquetado, caducidad o registros oficiales. Esta empresa fue objeto de varias inspecciones en las que se decomisaron un total de 1.247 kilos de carne en mal estado. Por todo ello, el fiscal pedía para este acusado cuatro años de cárcel por el delito contra la salud pública y una multa de 3.600 euros, y otros tres años de prisión por el delito de falsificación continuada, por el que solicita también una multa de otros 3.600 euros.
Para el resto de los acusados, el Ministerio Público solicitaba penas de entre dos años y cinco meses y cuatro años de cárcel, además de multas de diversas cuantías.