La pederastia, los abusos a menores, es una verdadera lacra de nuestra sociedad. Se trata de un delito, de un crimen repugnante. Si nos atenemos a lo que aparece en los medios de comunicación se diría que estos abusos se producen principalmente en el seno de la Iglesia Católica. Sin embargo el ámbito en que más abusos se producen, casi el 50 %, es en la familia: padres, hermanos, tíos, abuelos… En el caso de los educadores es el 6 % y el 0,02 % en el ámbito de la Iglesia Católica. Aunque hubiera un solo caso ya sería escandaloso y totalmente condenable. Ahora bien, hay que reconocer que muchos de los que dicen ser defensores de las víctimas de estos abusos, no demuestran el más mínimo interés por ellas, sino que pretenden fundamentalmente es descalificar y desacreditar a toda la Iglesia por la mala conducta de algunos de sus miembros, a pesar de que la inmensa mayoría tengan en este sentido una conducta intachable.
Si es que hay tanto interés por defender a las víctimas, ¿por qué solamente se habla y se investiga sobre los casos que tienen que ver con la Iglesia? ¿Y qué pasa con el 99,8 % restante? Pues bien, el Congreso de los Diputados ha encargado al Defensor del pueblo que investigue los casos ocurridos en la Iglesia desde hace noventa años. Solamente los casos de la Iglesia. El resultado de la investigación ha sido de 487 víctimas. La Conferencia Episcopal, que está tomando el tema más en serio que nadie, no se corta para decir que aún son algunos más. Pero de ahí a sacar la conclusión de un conocido periódico, afín al actual gobierno, de que son 440.000 hay un abismo. Lo llamativo es que la Presidenta del Congreso en sus redes sociales se haya hecho eco de esta cifra totalmente descabellada, olvidando a su vez de que en un centro de menores en Baleares, mientras ella era Presidenta, varias chicas eran prostituidas. Y se miraba para otro lado.
Si hubiera verdadero interés en defender a las víctimas, el campo de investigación sería infinitamente mayor. Pero, por desgracia, lo que interesa es otra cosa. Si un miembro de las fuerzas de orden público o un profesor de un colegio público o un entrenador deportivo cometen un abuso, a nadie se le ocurre generalizar y descalificar a todos los miembros de esos colectivos ni a las instituciones que representan. En el caso de la Iglesia, aunque el 99 % de sacerdotes y religiosos tengan una conducta intachable, hay que condenar a todos. Y esto también es un abuso.