La Constitución mancillada

La Constitución en vigor, por el propósito secesionista de la Generalidad y Parlamento catalanes, es mencionada en la actualidad, con intensidad, y no pocas veces con interpretaciones peregrinas, que casan mal con sus enunciados. Así, en su artículo primero explícita que «la soberanía nacional reside en el pueblo español», y en el segundo que se fundamenta «en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles»; y, al tiempo, garantiza el derecho a la autonomía de «las nacionalidades y regiones» y su necesaria solidaridad.

Dicho lo anterior, pocas dudas caben de que, en tanto tenga vigencia la Constitución del 78, no es posible atribuir derecho de soberanía a ninguna de sus partes o territorios; tampoco su fragmentación, pues tan evidente fue la intención de los legisladores que son tres los adjetivos que redundan en evidenciar su unidad: indisoluble, común e indivisible. Tampoco cabe polisemia alguna en la acepción de España como nación, pues es claro su significado contemporáneo y su comprensión habitual por los ciudadanos; cuestión parcial, y distinta, son sus divisiones administrativas, las nacionalidades (denominación ya republicana) y regiones.

Sin embargo, algunos parlamentarios nacionales, con un pretendido progresismo, sostienen la idea de que, al amparo de la Constitución, se puede celebrar, legalmente, un referendo en uno de sus territorios, para la desmembración o no de la «patria común». Otros, como el consejero catalán, señor Comín, no se paran en tergiversar significados de la Carta Magna, y así vocea este último en cualquier foro que desde el año 2010, en que fueron anulados, por el Tribunal Constitucional, varios artículos del nuevo Estatut, en Cataluña quedó «dinamitada» nuestra Ley fundamental, es decir, ya «no rige» y los altos magistrados han quedado totalmente invalidados.

En cuanto a los parlamentarios que cuestionan tan claros enunciados de la Constitución, hay que recordarles que no están respetando la promesa o juramento con que accedieron a las sedes donde radica la soberanía popular. Superfluos, por otra parte, son quienes dan a entender que España es una nación de naciones, pues tal planteamiento ya se atisba, se puede deducir del concepto expresado en «nacionalidad». Pretender aglutinar las partes de un territorio y el todo con el mismo nombre, además de resultar una definición sin coherencia, es olvidar cómo la Nación es para nosotros un concepto identificable con el solar patrio y con la ciudadanía que lo habitamos con un idioma común. Enredarnos ahora con que nación es un concepto discutible, pues las hay culturales, sentimentales, etc., como entretenimiento tertuliano, válido para algunos será, pero no para interpretación constitucional, pues bien reza en su artículo con letra mayúscula.

Con alevosía ha sido convocado un referéndum ilegal en Cataluña para el uno de octubre. De este órdago, y con malas artes, quiere sacar provecho para «levantar cabeza» Iglesias Turrión, con zalamerías hacia el PSOE (que ha dejado de ser «secta»), a través de una moción de censura que le permita, una vez acompasados los partidos secesionistas, «maniobrar dentro del poder», quizás con un gobierno similar al que ya le nombró en su día al secretario socialista; y si a tanto no llega, para desestabilizar la situación política nacional y pescar en río revuelto. No carece de maldad, este parlamentario, al predicar la ficción de que se ha de votar, pues no es un referendo lo que está en juego, sino una «movilización» en defensa de la democracia.

Con compañeros de viaje como los que hemos descrito, y el uso cual «espantajo» del partido conservador, el gobierno de la Generalidad desafía el orden constitucional, y agita a la población en las vías públicas y desde las instituciones. Las imágenes son clamorosas: profesores que incitan a sus alumnos, en horas de clase, a defender en la calle los «derechos civiles», la guardia civil asediada y con los coches y armas confiscados por manifestantes, una policía autonómica remolona en el cumplimiento de la ley, alcaldes y vecinos señalados… Toda esta turbulencia explica hasta qué punto los distintos gobiernos de España han hecho dejación durante lustros de su función de amparar un sentimiento nacional y no permitir o contrarrestar (sobre todo a través de la educación) la inoculación de una identidad con el pretexto de un enemigo, ya digan Madrid o Castilla, al que achacar todos los males.

Podrían ir pensando los partidos estatales, que no son veleidosos con la unidad nacional, ni con el derecho que asiste a un gobierno legítimo de tomar las medidas necesarias para la defensa del orden constitucional, si gran parte, quizás, de los españoles vemos que el problema no está en el otorgamiento de nuevas transferencias, o de concesiones momentáneas para satisfacer a los sediciosos, sino en dotarnos de leyes que, respetando la diversidad, impidan una felonía como la que sufrimos. Y para el acontecer diario, corregir las disfunciones en la gestión pública y la desigualdad entre los españoles en razón del territorio que habitamos.