El pasado fin de semana comenzó la Feria de Abril de Sevilla. Cada año se celebra desde el segundo domingo posterior a la Semana Santa hasta el sábado siguiente, ambos incluidos. Una semana en la que los numerosos visitantes podrán recorrer las 1053 casetas repartidas por el recinto ferial, deleitarse con una amplia variedad de espectáculos, realizar múltiples actividades y disfrutar de una extensa oferta gastronómica. Aunque, según el alcalde de Sevilla, la duración es excesiva y se someterá a referéndum que en lo sucesivo se reduzca a cinco días. Sin embargo, no me detendré más en los detalles y la programación.
Entre las noticias relacionadas con este evento hay una que me hizo recordar un comentario de dos personas en la calle al terminar de hacer la compra, «da lo mismo la marca o lo que ponga en la etiqueta, ahora parece que viene todo falsificado».
Pues resulta que la guardia civil interceptó el pasado sábado en un almacén más de cuatro toneladas de pescado y marisco destinados a la feria. La cuestión es que la empresa responsable compró estos productos ya caducados, nada menos que desde 2022, y en el susodicho almacén se procedía a cambiarles la etiqueta modificando la fecha de caducidad de cara a su posterior venta. Después de que se analizasen las muestras recogidas, quedó confirmado que la mercancía no era apta para el consumo.
Afortunadamente no llegó a distribuirse y todo se limitó a la investigación procedente y a la detención de seis personas por delito contra la salud pública.
En caso de haber llegado a los consumidores esto podría haber provocado, como mínimo, una intoxicación masiva con todas las consecuencias que conlleva a todos los niveles.
Tal vez los cerebros de la operación no calcularon el potencial impacto de sus actos. O quizás sí, pero les resultó indiferente. No sé cual de las dos opciones les deja en peor lugar, ya podía merecer la pena el beneficio económico resultante.
Esto es elevar el nivel de lo que se llama dar gato por liebre.