Daños y cobertura

El aumento de los ataques por lobo a la ganadería, registrado en todas las provincias de Castilla y León –excepto en Salamanca y Valladolid, donde se mantuvieron estables– supone un importante reto. Los daños que estos producen se traducen en cuantiosas pérdidas económicas para los ganaderos y amenazan la sostenibilidad de quienes hacen del cuidado y venta de estos animales su modo de vida. La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial impide su caza, por lo que se dificulta regular su número. De esta manera, el foco está puesto en cómo conseguir evitar estos ataques y, en el caso no poder hacerlo, en tratar de compensar al ganadero su pérdida. Entre los años 2022 y 2023 se abonaron más de 3,3 millones en ayudas ante estas agresiones, una cantidad que, aunque elevada, al ganadero, que ya se ha llevado el disgusto de perder a sus animales, a los que ha cuidado con cuidado y esmero, siempre le va a parecer insuficiente. En la provincia leonesa el número de ataques fue de 211 y 346 en 2022 y 2023, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y las ayudas abonadas 53.960 y 32.707 en cada año.