Desde 1992, Castilla y León comenzó a ser una comunidad envejecida. Fue en ese momento cuando su índice de envejecimiento superó por primera vez el 100%, lo que denota una mayor proporción de personas mayores de 64 que menores de 16. Las consecuencias de eso son gravísimas: la sostenibilidad del Estado del Bienestar «va a depender de nuestra capacidad para generar empleo de calidad que lleve las cifras de afiliación a su máximo nivel», afirma el autor de un informe en el que se detalla que, en el caso de León, el índice de envejecimiento es de más del 260 %. «Es fundamental ensanchar la base de cotizantes, estimulando la participación laboral de las personas tradicionalmente inactivas (con discapacidad, mujeres sénior, población rural...), así como realizar una adecuada gestión de la migración para convertirla en una ventaja competitiva, dada su capacidad para llenar el vacío de una población activa nativa decreciente, y teniendo en cuenta su potencial para mejorar nuestra posición competitiva global», sentencia con toda la razón el susodicho. ¿Cuándo se lo tomarán en serio nuestros políticos?