Es por eso buen momento para hacer balance. El último informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales cifra en un total de 8.481 las reclamaciones presentadas por los leoneses contra este tipo de cláusulas hipotecarias. Esto supone una media de diez cada día desde que se puso en marcha –a mediados de 2017– el citado plan de urgencia tras la sentencia europea que las anulaba.
Mientras, la cifra de asuntos resueltos hasta el pasado 30 de septiembre se sitúa en 5.890, por lo que aún estarían pendientes 2.591, siempre según la estadística del CGPJ.
Es preciso recordar además que el plan de urgencia consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear–, que desde entonces se encargan, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Cabe destacar que la inmensa mayoría corresponden a las cláusulas suelo.
Datos autonómicos y nacionales
En el conjunto de Castilla y León, el número de reclamaciones se sitúa en un total de 35.608 desde mediados del año 2017. De ellas se han resuelto por el momento 24.020, por lo que aún estarían pendientes 11.588.Finalmente, el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales refleja que la cifra de pleitos derivados de las cláusulas hipotecarias declaradas abusivas en el conjunto del país asciende a 444.226. Los resueltos hasta ahora son 205.002, lo que deja otros 239.224 sobre la mesa de los juzgados españoles.
El Juzgado de Instrucción número 7 de León es el dedicado en la provincia a este tipo de reclamaciones y cuenta con tres magistradas dedicadas exclusivamente a esta tarea. Cabe recordar en todo caso que la decisión de concentrar todos los casos en un sólo juzgado provocó críticas en diferentes ámbitos coincidiendo con la puesta en marcha del plan de urgencia del CGPJ. En este sentido, desde el Colegio de Abogados de León se consideró por ejemplo que este plan suponía un «sobrecoste añadido» para los ciudadanos afectados y, en ocasiones, «dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial, al no poder dirimir dichos procedimientos en el ámbito geográfico de su partido judicial». Algo que, señalaban al anunciarse las medidas adoptadas por el CGPJ, se hace «más visible» en provincias como León por su extensión territorial y su orografía. Consideraban además que esta situación perjudica notablemente a los puntos más alejados de la capital leonesa y a Ponferrada. En todo caso, cabe recordar que, con carácter previo a la puesta en marcha del plan, el CGPJ mantuvo reuniones con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, con una representación de los jueces decanos y con las administraciones para informarles de las medidas previstas y evaluar las posibles necesidades.