Por ejemplo, hasta la entrada en vigor de la normativa, un taxista de un pueblo de la montaña no podía ir a la estación de tren de la capital pese a que su vecino le llamara para ir a por él cuando llegara en el AVE, por más confianza que hubiera entre conductor y cliente, de ahí que tuviera que ser uno de León el que prestara ese servicio. Pero ahora ese trayecto sí lo puede realizar el taxista de ese pueblo, ya que la ley le permite que vaya a cualquier punto de la provincia siempre y cuando el usuario tenga como destino un punto del municipio donde esté registrada su licencia. Esto, obviamente, afecta a los 211 municipios de la provincia leonesa y, por extensión, funciona así en toda Castilla y León.
Pero para que ese taxista recoja a un cliente en otro municipio diferente al de su licencia porque el destino sí va a ser su ayuntamiento, el conductor tiene que formalizar un contrato con el usuario. Es una hoja de ruta en la que tienen que constar los datos de las dos personas que intervienen en el servicio así como la hora de la llamada (ya sea a un teléfono de la central de reservas como la de RadioTaxi de León, un sistema telemático alternativo o un móvil particular de un taxista de un municipio donde no hay ese tipo de plataformas) y el punto de recogida y de destino.
«Con ese contrato se evita que alguien pueda ir a un sitio que no es su municipio, pero también que, por ejemplo en las fiestas de los pueblos con mucha gente, un taxista vaya allí y pueda estar llevando a gente de unos pueblos a otros que no son los suyos», explica el presidente de la Asociación Provincial de Taxis de León, Miguel Ángel Matilla, que resalta la necesidad de cumplimentar esa hoja de ruta para que se pueda comprobar en todo momento que el servicio es acorde con la nueva ley.
Área de prestación conjunta
El representante de los taxistas leoneses anuncia además la creación de un área de prestación conjunta en León y su alfoz que eliminaría automáticamente el trámite de tener que cumplimentar ese contrato con el cliente cuando recoge a alguien fuera del municipio en el que está la licencia. Esto afectaría a todos los ayuntamientos que están a 16 kilómetros de la capital, es decir, «a los colindantes y a los colindantes de sus colindantes», tal y como destaca Matilla sobre un sistema que ya se aplica en Valladolid y Salamanca.
La creación de este área está aún en proceso, por lo que estará en vigor a medio plazo, pero el presidente de la asociación provincial destaca que «cada taxi tendrá que seguir estando en su parada y acudir a los servicios que le reclaman desde la emisora». Por tanto, solo se eliminaría esa nueva hoja de ruta que ahora hay que cumplimentar.
Los coches rurales no tendrán que llevar taxímetro
Aunque la ley fue aprobada a finales del año pasado tras dos ejercicios de negociaciones, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, informó esta semana de que habrá una próxima modificación en la normativa después de que responsables de la Junta se reunieran con la Plataforma en Defensa del Taxi Rural y la Federación Regional del Taxi de Castilla y León. El compromiso es iniciar de manera inmediata la supresión del artículo 46.6 que establece la exigencia de aparato taxímetro homologado y módulo luminoso exterior en los taxis interurbanos.
Según reconocieron desde la propia Consejería, «se ha demostrado la compleja aplicación técnica y competencial a todos aquellos taxis de contenido eminentemente interurbano y rural, donde la utilización de un elemento de carácter tan urbano produce distorsiones y no facilita el desarrollo de un servicio esencial para la movilidad de los pueblos de Castilla y León».
Hay que tener en cuenta que la exigencia del taxímetro homologado y rótulo exterior luminoso no iba a entrar en vigor hasta el 3 de enero de 2020, pero este compromiso asumido ahora implica promover, en la primera iniciativa legislativa que se produzca ante las Cortes, la supresión de este artículo.
Desde la Plataforma en Defensa del Taxi Rural mostraban ayer a este periódico su satisfacción por este cambio, que evitará que los taxistas tengan que instalar este dispositivo, puesto que ya hay unas tarifas para los trayectos interurbanos que son fijadas por la Junta. También resaltaron «la sensibilidad y el apoyo de todos los partidos con representación en las administraciones públicas» de Castilla y León, ya que este colectivo incluía a profesionales del sector del ámbito rural en todas las provincias excepto de Soria, donde su asociación provincial aglutinó a los taxistas disconformes con la ley.