Objetores de (mala) conciencia

Hace unas pocas semanas un magistrado del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo condenó, mediante una contundente sentencia, a la Sanidad Gallega (Sergas) a indemnizar con 270.000 euros a una paciente que perdió el útero tras ser derivada a Madrid para abortar. Paula se enfrentaba a su segundo embarazo hace ahora 4 años. Ya era madre de una niña y esperaba con ilusión otro hijo.

En la semana 20 de gestación se detectó una alteración en la ecografía, por lo que Paula y su pareja recurrieron a la sanidad privada para obtener un diagnóstico temprano. Cinco semanas después, conocieron las graves anomalías que sufría el feto, que amparaban el aborto en cualquier plazo.

A pesar de dar a conocer estos resultados al equipo de médicos de su Hospital de Burela (Lugo), éstos continuaron con la realización de pruebas, retrasando el diagnóstico hasta los 7 meses de gestación. La sentencia habla de «el colmo de la inoperancia» y destaca que «resulta inexcusable que ante la aportación externa de la información precisa, clara y determinante de la anomalía fetal, el servicio de ginecología de Burela, continuase inmerso en la parálisis y no hubiese reaccionado».

A pesar de que las graves alteraciones cromosómicas del feto lo hacían «incompatible con la vida», ningún médico quiso interrumpir su embarazo, ni en su hospital ni en ningún otro de su Comunidad Autónoma. La solución fue por tanto enviar a Paula a Madrid, en la semana 32 de gestación y con fuertes dolores, a una de las clínicas privadas con las que la Administración tiene convenio. Todo ello para respetar, por supuesto, el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales.

La gravedad con la que llegó a esta clínica tras el viaje, hizo que tuviera que ser trasladada al Hospital de la Paz donde la operaron de urgencia, le practicaron una cesárea para extraer el feto (que murió a los 90 minutos de nacer), y para frenar la hemorragia y salvar su vida, le extirparon el útero. Paula no podrá volver a engendrar.

Quizá estén pensando que el caso de esta mujer es algo excepcional o anómalo, una travesía llena de negligencias y errores puntuales. Pero Paula no es la única, la revista Interviú publicó hace unos días los testimonios de otras mujeres gallegas que han sufrido la ineptitud del SERGAS y la objeción de conciencia de sus profesionales.
¿Creen que resulta apropiado acogerse a una objeción de conciencia en un Hospital Público? Ciertamente es un derecho de los profesionales sanitarios pero la Ley aclara que se ejercerá “sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas”. Este detalle debió pasarlo por alto el SERGAS por la insólita pulcritud con la que respetó los derechos de sus profesionales, pero se desentendió alegremente del derecho de Paula a una interrupción del embarazo terapéutica y urgente. ¿Dónde acaba entonces su derecho y empieza el nuestro? ¿Es más razonable apelar a su responsabilidad como médicos, o enviar a las mujeres a 600 kilómetros de su casa para una intervención así?

El embarazo es sin duda una de las etapas más importantes en la vida de cualquier mujer, un momento emocionante y estresante a partes iguales, donde contienes la respiración en cada ecografía pensado eso de: «que todo esté bien».

Retrasar o negar la información de anomalías o problemas en el feto, resulta indecente y cruel. Porque en un embarazo cada día cuenta.

Paula no podrá volver a ser madre porque a pesar de estar amparada por la ley, y de atravesar una situación de riesgo donde su vida corría peligro, sus médicos, todos ellos, apelaron a su conciencia para zafarse del problema. Yo desde aquí les quiero decir que esa libertad de la que disponen, debe ir unida siempre a la responsabilidad. Por eso, antes de ejercer su derecho a objetar, pregúntense si al hacerlo están dañando o poniendo en riesgo a otra persona. Ésa sí es una buena conciencia.

Sofía Morán de Paz (@SofiaMP80) es licenciada en Psicología y madre en apuros