Le piden 17 años de cárcel por malos tratos y abuso sexual a sus hijas menores

La Audiencia Provincial de León celebrará el próximo martes y miércoles, 14 y 15 de junio, un juicio por un delito de malos tratos habituales, dos delitos de maltrato doméstico y dos delitos continuados de abuso sexual a menores de 16 años. De todos ellos acusa a un varón de nacionalidad búlgara y sin antecedentes penales que desde 2013 a 2017, como mínimo, vivió en una localidad perteneciente al partido judicial de León con su esposa y sus cinco hijos, entre ellos tres chicas nacidas en 2004, 2001 y 1996. Según explica el fiscal en su escrito de acusación, sometió a las jóvenes «de forma habitual a golpes, insultos y amenazas» en el ámbito doméstico «con intención de quebrantar su salud física y psíquica y con ánimo denigrante y vejatorio». Insiste en que lo hizo «de manera reiterada» y que este comportamiento se vio más acentuado respecto a una de ellas. «Este acoso deliberado e insistente llevado a cabo por el acusado se deriva de su carácter sumamente violento y se ha ido sucediendo de forma habitual en el seno familiar», remarca la Fiscalía en su escrito.

El «clima de violencia» se concretó, entre otros hechos, en diferentes ejemplos que describe. El primero de ellos hace referencia al 1 de julio de 2013 cuando, según el texto, el acusado y la hija en la que más centraba sus acciones violentas se encontraban en el domicilio familiar. Le propinó, afirma, «varios golpes en la cara provocándole una parálisis facial periférica sin que conste que precisara de tratamiento médico, tan solo de una primera asistencia facultativa». También en el domicilio familiar, el 2 de noviembre de 2016, se produjo una pelea en la que «llegó a provocar un corte con una botella en el brazo» de esta misma joven, también sin que conste que precisara de tratamiento médico.

Además, el fiscal apunta que con el ánimo de «satisfacer sus deseos sexuales» realizó «de forma reiterada y prolongada en el tiempo» tocamientos en las «partes íntimas, culo y pecho» de una de sus hijas, e hizo lo mismo con la anterior cuando tenía 12 años, si bien no consta que consiguiera tocarla por debajo de la ropa. Estos hechos no fueron nunca denunciados hasta que los Servicios Sociales tuvieron conocimiento de lo ocurrido y se dio parte a la Fiscalía Provincial de León, que formuló una denuncia con fecha de 29 de mayo de 2017.

Así, el 12 de julio de ese mismo año se dictó un auto que impuso al acusado la prohibición de acercarse a sus tres hijas a una distancia inferior a 300 metros en cualquier lugar en el que se encontraran (su domicilio, lugar de estudios o trabajo) así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio (escrito, oral o gestual). Además, se acordó el desamparo de sus hijos menores, que fueron acogidos por la Junta de Castilla y León.

Para la Fiscalía estos hechos son constitutivos de un delito de malos tratos habituales, dos delitos de maltrato doméstico y dos delitos continuados de abuso sexual a menores de 16 años por los que considera que procede imponer al acusado la pena de 17 años de cárcel (tres años por el primero de ellos, al que añade la prohibición de la tenencia y porte de armas por un tiempo de tres años y la prohibición de comunicarse con sus hijas o acercarse a ellas a una distancia inferior a 300 metros durante cinco años; un año de prisión –sumando dos en total– por cada uno de los delitos de maltrato doméstico a los que también agrega la privación de la tenencia y porte de armas por tres años y la prohibición de acercarse y comunicarse con la hija sobre la que considera que cometió el delito a menos de 300 metros durante dos y, por último, seis años de prisión más por cada uno de los delitos de abuso sexual –12 años en total–. En este caso reclama también la medida de libertad vigilada durante un periodo de seis años y la prohibición de comunicarse y acercarse a dos de sus hijas a menos de 300 metros también durante seis años. Del mismo modo, señala que se acuerde la expulsión del acusado cuando sea clasificado en tercer grado o le sea concedida la libertad condicional, no pudiendo regresar a territorio español por un periodo de seis años a contar desde la fecha en la que se materialice esta expulsión.

Por último, en materia de responsabilidad civil, el fiscal estima que debe indemnizar a dos de sus hijas –las dos sobre las que cree que cometió el delito continuado de abuso sexual a menores de 16 años– en la cantidad de 18.000 por daño moral.