A raíz de hacerse pública la denuncia de F.L. al expárroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón, por haber abusado de él y su hermano cuando aún estos eran menores de edad, están saliendo a la luz otros posibles casos por parte de otros sacerdotes. Esta noticia no deja impasivo a Menéndez, que afronta un problema heredado «con paz pero en vilo».
Tan sólo un día después de recibir la nueva denuncia, esta vez de un exseminarista de La Bañeza, quien acusa al actual párroco de Veigamuíños, en El Barco de Valdeorras, de estas mismas prácticas diez años antes del caso de Ramos, el prelado quiso explicar la situación y las medidas de actuación que se pondrán en marcha para «acabar con esta dolorosa situación tanto para las víctimas de estos casos como para la Diócesis».
El obispo de Astorga se pone a disposición de las víctimas y propone crear una comisión para abordar estos delitos tan «graves» y «deplorables» En primer lugar, el obispo quiso poner de manifiesto, en su nombre y en el toda la institución, su condena hacia «estos hechos tan deplorables, moralmente inaceptables e intolerables». Pidió perdón en nombre de la comunidad diocesana y ofreció su apoyo a las víctimas, con las que está dispuesto a reunirse. Así lo ha hecho ya con dos exalumnos del Colegio Diocesano Juan XXIII de Puebla de Sanabria y espera poder hacerlo con los del Seminario de La Bañeza –aunque no será en la marcha de este sábado, ya que tiene otros compromisos que se lo impiden–. A los implicados les ha ofrecido crear una comisión de diálogo para abordar esta situación. Por otra parte, Menéndez ha puesto sobre la mesa todos los medios que se adoptarán «para que estos hechos nunca más se repitan».
Para ello, trasladó, no sólo se implementarán nuevos protocolos de actuación con menores y de prevención dirigidos a todos los agentes de pastoral diocesanos, sino que se colaborará siempre con las autoridades civiles, aplicando además «con severidad y rigor la propia normativa canónica para tratar con equidad y justicia estos delitos, considerados como uno de los más graves del Código de Derecho Canónico».
Del mismo modo, también afirmó que cualquier otra denuncia que se reciba se investigará con celeridad y prontitud, respetando los derechos de todos los implicados y con voluntad de restituir cuanto antes la justicia lesionada por el presunto delito. En todo momento se informará también a las presuntas víctimas de su derecho de presentar denuncia ante las autoridades civiles. Estos procedimientos se dirigirán a la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede, «que es quien tiene la potestad para juzgar este tipo de delitos», señaló.
Además, Menéndez destacó que a partir de ahora todos los cargos eclesiásticos que estén en contacto con menores de edad tendrán que tener un certificado que acredite que no hay antecedentes de abusos y se establecerán medidas de disciplina, porque «tenemos que ser muy serios en este asunto».
El prelado de Astorga también quiso poner en valor la presunción de inocencia de los acusados de este tipo de prácticas, si bien recalcó que esto no impedirá que se tomen medidas para que se haga «justicia».
Blázquez cree que Menéndez está actuando «muy bien» al aplicar los protocolos que se han fijado para afrontar estos casos de abusos sexuales En lo relativo al caso de José Manuel Ramos Gordón, el obispo de Astorga sostuvo ante los medios de comunicación que tras un proceso penal iniciado tan pronto se tuvo noticia de la denuncia, y una vez derogada la prescripción que afectaba a tales hechos, «la Congregación para la Doctrina de la Fe confirmó la decisión de declararlo culpable del delito de tocamientos a menores con fin libidinoso en el Seminario Menor de La Bañeza, imponiéndosele una pena justa y proporcionada a la gravedad de los hechos alegados. Tal decisión, firme y definitiva, ha pasado a cosa juzgada.
El exsacerdote fue cesado en sus funciones pastorales el pasado mes de julio por un periodo de un año y trasladado a la ciudad maragata, donde se le obligó a realizar ejercicios espirituales y labores asistenciales.
Menéndez añadió que Ramos solicitó al Obispado, la jubilación canónica después de hablar con la víctima y «yo la he aceptado». El acusado no podrá ejercer ningún cargo de responsabilidad en la Iglesia. En lo que respecta al homenaje que los vecinos de Tábara le hicieron al que era su párroco, con motivo de su repentina partida, el obispo afirmó que «lo desaconsejé firmemente, no era conveniente, pero no intervine». Menéndez también aludió a las acusaciones de supuestos encubridores de los delitos de abusos denunciados –algunos fueron llamados a testificar en el caso de Ramos Gordón–, a los que, apuntó, «no se les abrirá ningún procedimiento porque la Santa Sede no lo considera un delito».
Mientras, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, reiteró Menéndez «está procediendo muy bien, según el protocolo que tenemos de la Conferencia Episcopal y de la Congregación para la Doctrina de la Fé».
Una marcha contra los abusos
Este sábado, exseminaristas de los seminarios de Astorga y La Bañeza se concentrarán, a las doce del mediodía, en la Plaza de la Catedral astorgana para partir hacia el Obispado en una marcha de repudia hacia los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia. Allí, los asistentes leerán un comunicado de apoyo y solidaridad a las víctimas de los casos de pederastia. Pedirán que no prescriban los delitos de abusos a menores para que «el paso del tiempo no sea la sombra donde se escondan estos seres sin escrúpulos ni dignidad».Se prevé que asistan también antiguos alumnos del colegio Juan XXIII, donde José Manuel Ramos Gordón ejerció labores de educador antes de llegar al Seminario de La Bañeza.