Embargo preventivo de los bienes inmuebles de Pedro Muñoz

Los juzgados detectaron movimientos para tramitar la donación de los mismos que podrían poner en peligro el el pago de la responsabilidad civil a la que tendría que hacer frente en el caso de que fuera condenado

M.I.
24/09/2020
 Actualizado a 24/09/2020
Muñoz intentaba donar sus bienes a terceros desde dentro de la cárcel.
Muñoz intentaba donar sus bienes a terceros desde dentro de la cárcel.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Ponferrada, con competencias en Violencia sobre la Mujer, ha dictado varias resoluciones en relación con la causa en la que se investiga al exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, en la actualidad encarcelado por intentar matar a su pareja, Raquel Díaz, que en estos momentos se recupera de las lesiones propinadas en un capitulo violento en el centro de parapléjicos de Toledo.

Tras detectar que el investigado había realizado algunos movimientos con su patrimonio y estaba tramitando la donación de algunas de sus propiedades, ha acordado el embargo preventivo de los bienes inmuebles para garantizar el pago de la responsabilidad civil a la que tendría que hacer frente en el caso de que fuera condenado.

Igualmente, ha prohibido a las personas beneficiarias de las donaciones efectuadas por el investigado disponer de dichos bienes patrimoniales. Tampoco podrán realizar ninguna operación sobre ellos.

Otra de las resoluciones del Juzgado ha sido rechazar una nueva petición de libertad y confirma la prisión, provisional, comunicada sin fianza. La resolución ya ha sido recurrida.

El juez ha dado traslado a las partes para que formulen alegaciones y posteriormente elevará el recurso a la Audiencia Provincial para que resuelva.

El Juzgado ha decidido deducir testimonio (procedimiento equivalente a presentar una denuncia) y ha pedido que otro Juzgado investigue al exconcejal por las operaciones realizadas en los últimos meses para traspasar sus bienes a terceras personas. La denuncia ha recaído en Instrucción 6, que ha abierto un procedimiento por un presunto delito de insolvencia punible.
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