El Boletín Oficial de Castilla y León de este martes, 16 de enero, anuncia la convocatoria para cubrir la plaza de funcionario auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Camponaraya mediante sistema de concurso-oposición. Así, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Las funciones encomendadas, según recoge la convocatoria, son las siguientes: gestionar los procesos de trabajo administrativo económico y contable; mecanizar la contabilidad con programa o aplicación informática específica de mecanización de la contabilidad municipal SicalWin; tramitación de factura electrónica; manejo de la Oficina Virtual de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda remitiendo información de presupuestos, liquidación, información trimestral, costes de servicios, esfuerzo fiscal, planes presupuestarios; manejo del Portal de Rendición de Cuentas del Consejo de Cuentas de Castilla y León, remitido Cuenta General, Información de Contratos, Control Interno; manejo del Portal de Entidades Locales: ISPA, FACE y Remisión de Acuerdos; colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización y simplificación de expedientes tramitados por Secretaría-intervención, siguiendo los procedimientos establecidos; información y atención al público, tanto personal como telefónicamente; y realizar además todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por superior, relacionadas con las misiones propias del puesto.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir una serie de requisitos especificados en el Bocyl tales como tener la nacionalidad española, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, poseer el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.