Piensa, escribe, habla, tuitea… si te atreves

Si les digo que tengo miedo a escribir, que no soy libre, que estoy amenazado… quizás piensen que exagero. Si les insisto que la amenaza es cierta, con forma de demanda judicial, de cerrarme antenas y espacios, de listas negras o de cercenar mis modestos ingresos económicos… quizás algunas personas de buena fe sentirán preocupación y acaso solidaridad. Está pasando. Nos está pasando a miles de periodistas en la España de 2018, donde las libertades, y en concreto la libertad de expresión, han retrocedido a la época del Tribunal de Orden Público.

Si usted es de derechas de toda la vida, católico, apostólico y romano, gente de orden, paga sus impuestos escatimando al fisco ese 20% de economía sumergida bendecido por la doctrina; si usted coloca la banderita en el balcón y no se manifiesta en la calle, salvo las procesiones de Semana Santa, ni se comunica en otras redes sociales que las de su parroquia, entonces usted no tiene nada que temer. España es su patria.

Si, por el contrario, es usted apóstata, ateo, rojo, homosexual, lee poesía, frecuenta cines y teatros, tiene más de cien libros en casa y los ha leído, no usa pulseritas ni banderitas, la música militar nunca le supo levantar, practica el amor libre, aborta los martes y viernes, y le gusta el cava catalán, entonces usted es un peligro público, un presunto terrorista, un separatista o aún peor, un independentista sin depilar de la CUP, un demonio de Podemos con cuernos y rabo, un comunista. Váyase a Rusia.

En la España rancia de Rajoy, en la que vuelve a haber presos políticos, y tuiteros condenados por escribir, no cabemos todos por igual. No lo digo yo: lo afirma Amnistía Internacional en su Informe 2017 sobre la libertad de expresión, Tuitea… si te atreves: «En España se está atacando la libertad de expresión. El gobierno somete a hostigamiento toda una serie de expresiones en Internet —desde letras de canciones hasta simples chistes—, utilizando leyes antiterroristas de imprecisa redacción», como el artículo 578 del Código Penal.

«La imposición de restricciones excesivas e innecesarias a los periodistas —continúa el informe— ha provocado una reducción constante del espacio para el periodismo independiente y crítico. Esta limitación y reducción del espacio del debate público y abierto, el análisis y la crítica, representa una amenaza más a largo plazo para la sociedad civil (…) y la defensa de derechos humanos fundamentales». Esta amenaza a la libertad ha sido cuidadosamente planificada. El franquismo ha vuelto a instalarse —si es que alguna vez se fue— en las escuelas y universidades, en las calles y cofradías, en los juzgados y tribunales, pero sobre todo en la prensa, la radio y la televisión. El primer escalón es controlar la propiedad de los medios: mejor que estén en manos de constructores púnicos y cartagineses; si son medios públicos, basta con poner comisarios políticos al frente de los informativos. Bertín Osborne como paradigma del entrevistador-masajista.

El segundo escalón, ocupar el 90% de los programas con basura: la mitad del telediario para hablar del tiempo, cada nevada o cada borrasca retransmitida como si fuera el Apocalipsis; y la otra mitad para sucesos: desgracias familiares, homicidios, accidentes. Hablar del tiempo distrae y entretiene; y los muertos con mucha sangre y violencia siembran miedo, pánico, inseguridad. Tranquilos, que ya vienen los buenos a salvaros.

El tercer escalón —denunciado por Amnistía Internacional y por Reporteros sin Fronteras en su reciente carta al presidente de la Comisión Europea— es perseguir a los disidentes. Un tuitero que hace chistes malos, ley antiterrorista. Un tertuliano incómodo, a la puta calle. Un cuadro con presos políticos, censurado en ARCO. Un libro que habla de contrabandistas amigos del PP, secuestrado por una jueza. Un actor blasfemo, a la cárcel. Unos titiriteros vanguardistas, al calabozo de la Audiencia Nacional. ¿Se han vuelto locos (algunos) jueces y fiscales?: dos años de cárcel y nueve de inhabilitación a los raperos de La Insurgencia por cantar rimas subversivas. Un año de prisión a César Strabwerry por tuitear sobre Carrero Blanco, ¡a estas alturas! (perdón por lo de alturas, no se me entienda mal). O el calvario de Cassandra Vera y su fusilamiento mediático. Toda la artillería judicial para acojonarte, para que te autocensures, para que te calles de una maldita vez. Quevedo estaría en la cárcel en la España de 2018, y el gran cómico Pepe Rubianes habría sido condenado a cadena perpetua revisable (o no, porque lo suyo era tremendo, de cada dos palabras, tres blasfemias: era capaz de ciscarse, en la misma frase, en dios, en Aznar y en Pujol); y todos los demás humoristas, desde La Codorniz a Hermano Lobo, pasando por Forges, sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional. Solo por escribir, por dibujar, por pensar o por tuitear.

Mientras este infame Código Penal se aplica a machetazos contra la libertad de expresión, los verdaderos delincuentes se pasean tan presuntos como Rato, Ferrusola, Bárcenas, Granados o mi viejo conocido Fernández-Sousa, el que hizo un agujero de 4.000 millones a Pescanova y anda por ahí tan campante, la familia veraneando en Bahamas, él en Arabia Saudí, y mientras, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, muy atareados persiguiendo tuiteros. Y catalanes. ¡Arriba las ramas!