Obligan al alcalde de Congosto a pedir que se paralice un derribo

La oposición formada por el PSOE y Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento de Congosto consiguió, en el pleno extraordinario convocado este miércoles para tratar sobre el derribo de una vivienda unifamiliar que debería ejecutarse el próximo 7 de mayo en base a una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que el alcalde, el popular Rafael Insunza se comprometiera a enviar de inmediato un escrito al JuzgadoContencioso- Administrativo Número 2 de León, del que procede la ejecución del derribo, solicitando que paralice el procedimiento hasta que se resuelvan otros dos contenciosos vivos «son juicios pendientes que mantienen que la vivienda es legalizable y que, si salieran adelante, no tendría que derribarse», explica desde Coalición por el Bierzo el edil, Álvaro Suárez. 

Pese a reconocer que la sentencia por la que se establece el derribo es firme «y no caben recursos frente a ella», la oposición considera, coincidiendo con la propietaria de la vivienda, que debe esperarse a la resolución de los casos pendientes para no arriesgarse a pagar una importante suma por parte del Ayuntamiento «hay que tener en cuenta que la vivienda costará unos 400.000 euros que sumados a los 50.000 que costaría el derribo, más las costas de los juicios entrecruzados y gastos de abogados, que llevarán ya otros 50.000, es una cifra muy importante que no nos podemos permitir», justifica Suárez, que además considera que los daños «económicos y sobre todo morales» son irreparables para la familia que vive en el inmueble.

El alcalde se quedó solo en el pleno defendiendo el derribo y aceptó enviar ese escrito que aseguró que harían los abogados municipales de inmediato, pero no valoró la posibilidad de mostrárselo a la oposición antes de presentarlo al juzgado, aunque Suárez pedirá que se haga en el próximo pleno ordinario.

La oposición sí reconoce que la sentencia de derribo es clara y firme, pero considera que hay que intentar que el juzgado reflexione «y si dice que hay que derribar no podremos hacer nada más», dice Suárez «y el alcalde tampoco puede porque se enfrenta a una multa de pagar 1.500 euros mensuales e incluso prisión», dice.

El regidor, por su parte, aseguró que el derribo es una obligación judicial, aunque la familia damnificada niega que sea así «el propio alcalde solicitó la ejecución, cuando podía hacerse en 15 años después de la sentencia firme», dice la propietaria Rosana Balboa, que considera que el regidor «debería dimitir, porque es una vergüenza que no lo haya explicado y se haya quedado solo», en su intención de mantener el derribo.

El 21 de marzo, el Ayuntamiento registró un escrito que presentó al Servicio de Ejecución contencioso del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2, por haber sido el que determinó el derribo. Textualmente se refiere al procedimiento de la ejecución de sentencia 969/2014 de 12 de mayo , de la Sala de lo Contencioso -Administrativo del TSJ a requerimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de León y esa documentación solicita la ejecución «con fecha 4 de agosto de 2017 se solicitó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de León autorización judicial para entrada en domicilio ,a favor del Ayuntamiento de Congosto, en la vivienda unifamiliar de Dña. Rosa Ana Balboa Fernández y D. César Luís García Rodríguez, sita en la calle La Venta 3y poder recabarpor el arquitecto contratado por el Ayuntamiento los datos técnicos precisos que permitan poder elaborar el proyecto técnico de demolición del citado inmueble».

Prosigue el documento asegurando que con fecha 17 de enero de 2018 se incoa expediente para la contratación de la obra de demolición de la vivienda y solicita «autorización de entrada en domicilio a favor del Ayuntamiento de Congosto, en cumplimiento del artículo 8.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para poder entrar los días 7 al 16 de mayo de 2018 , de 7:30 a 19:30 horas a la vivienda unifamiliar (…)para que, por la Entidad Mercantil Bierzo Recicla S.L. contratada por el Ayuntamiento, pueda llevar a cabo la demolición de la citada vivienda familiar bajo la supervisión de la Dirección técnica contratada por el Ayuntamiento».

Al tiempo, informa al juzgado que la propietaria de la vivienda mantiene un contencioso-administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de 2017 «sobre la denegación de la licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y acuerdo de denegación de recurso de reposición por Resolución de Alcalde del Ayuntamiento de fecha 1 de diciembre de 2017 para su conocimiento y a los efectos que procedan», dice el escrito. Por eso la propietaria del inmueble acusa al regidor de mentir, aunque acepta que hace 12 años construyó su vivienda en un suelo rústico, también asegura que en el momento de ser legalizable realizó la tramitación pertinente, pero no lo consiguió. Incluso se mantiene abierto un caso penal con un informe de Fiscalía por un presunto delito de prevaricación y cohecho del anterior regidor, José Antonio Velasco al solicitarle este emolumentos para dar ese paso. Ese supuesto delito considera que es el que está haciendo que el Ayuntamiento quiera zanjar el tema con el derribo, pese a que el regidor aseguró que se ha intentado por todos los medios que la sentencia final no fuera la de ese final.

Balboa asegura que no ha recibido notificación formal de la demolición y espera que el escrito en el juzgado solicitando que se espere a dar ese paso se presente en tiempo y forma.