Exigen al presidente comarcal del PP que expulse al portavoz en Cacabelos

Tras la acusación de la Fiscalía de Ponferrada a Adolfo Canedo por presunto delito de falsificación en documento público que podría suponer una pena de prisión de cinco años

M.I.
28/12/2017
 Actualizado a 18/09/2019
El equipo de Gobierno dando cuenta de su decisión. | M.I.
El equipo de Gobierno dando cuenta de su decisión. | M.I.
El alcalde de Cacabelos, el socialista Sergio Álvarez ha exigido al presidente de la ejecutiva comarcal del PP, Raúl Valcarce, que expulse de inmediato al portavoz popular en el Consistorio cacabelense, Adolfo Canedo, después de que la Fiscalía de Ponferrada presentara un escrito de acusación en el que se le piden cinco años de prisión por haber cometido un presunto delito de falsificación en documento oficial al que añade otro de estafa procesal en grado de tentativa. Además, el equipo de gobierno de la villa del Cúa formado por PSOE, Izquierda Unida y Alternativa Ciudadana, ha pedido en bloque la dimisión del portavoz popular por esa causa por la que la Fiscalía también le pideuna multa de 18 meses con una cuota de 20 euros, e inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones como alcalde de ayuntamiento durante el tiempo de 5 años.

Le afean, sobre todo, que ahora se defienda asegurando que firmó lo que la secretaria interina por aquel momento, Nuria Roca, le puso en frente. Se trataba de un certificado negando que las bajas de los funcionarios se abonaran al 100%, algo que había expresado la secretaria titular, que había solicitado judicialmente ese abono tras una temporada de baja.

Para Roca Fiscalía también pide una pena de 4 años de prisión, multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros, e inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones como secretaria de ayuntamiento durante 3 años.
Ese pretendido traspaso de responsabilidad tras conocer la decisión de la Fiscalía, no es bien visto por Álvarez que considera que, al contrario, el alcalde en aquel momento era el máximo responsable de lo que sucedía en el Ayuntamiento «la ignorancia no es una excusa válida. Como alcalde, debía conocer lo que firmaba», dijo.Además, manifestó su incredulidad sobre que la «trama» dijo, fuera de Roca «quien lo ha hecho es el alcalde por beneficiarse él», explicó.Álvarez aseguró que, a partir de ahora «mi interlocutor del PP no será Canedo», dijo.

El informe «es demoledor», dice el regidor, que además considera que viene a engordar una etapa en la que la gestión municipal con los empleados era convulsa. La portavoz de IU, Susana Vila, recordaba los conflictos que hubo en la etapa Canedo con los agentes de policía local, la mayoría de ellos de baja por problemas laborales en un determinado momento.Álvarez incluso habla de actitud «despótica» del alcalde Canedo con los empleados municipales durante su mandato, algo que considera que testimonia que la secretaria interina no hubiera podido tomar una decisión de este calado sin que Canedo la controlara.Además, Vila considera que «la incapacidad de su gestión ha quedado demostrada», en cuanto a que «sólo él está investigado de los 13 concejales», del municipio.

Pone sobre la mesa otra sospecha, que Canedo hubiera amenazado a la secretaria interina para que firmara ese certificado «habría que saber cómo fueron esas amenazas», dice y si la secretaria hubiera sido titular hubiera accedido a realizarlo.El alcalde lamenta que el presidente del PP haya intentado respaldar a Canedo diciendo que este caso está archivado y le pide que eche mano de los propios estatutos del partido para sacar de las filas populares a Canedo «abrir un expediente sería absurdo», dijo.

Sospechas de la Púnica

El portavoz de Alternativa Ciudadana y Concejal de Urbanismo, Alfredo García fue más allá criticando una gestión «que está teniendo repercusiones serias» en la contabilidad de los que sucedieron a Canedo. Levantar las obras ejecutadas en el cementerio municipal, que supusieron un desembolso de 200.000 euros durante el gobierno del populary que ahora requieren otros 33.000 de las arcas municipales para volver a su estado inicial, por una sentencia que obligó a ello, ya que se comprobó que estaba más cerca de los debido del casco urbano y había ocupado unos terrenos particulares. Pero, a ese ejemplo une la contratación del alumbrado «que pasó de costar 90.000 euros a 220.000, con la intención de abaratar el servicio», dijo Álvarez.

Asegura el concejal de Urbanismo que ese contrato ha sido denunciado por el Consistorio, por considerar que va en su perjuicio y sospecha que pueda tener alguna relación con la trama corrupta Púnica «porque en ella había vinculaciones a este tipo de contratos», que en otros Ayuntamientos se han aceptado «tal vez este documento oscuro podría estar influenciado por esa trama», dijo Álvarez.
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