Diez de los doce acusados por la red que blanqueó 8 millones de la cocaína no entrarán en prisión

Doce acusados estaban citados ayer en la Audiencia Provincial de León para ser juzgados por delitos de blanqueo de capital y tráfico de drogas. Dos no se personaron, una de las acusadas de ser cabecilla de la red está en paradero desconocido y se dictó busca y captura para ella, y otro, que se encuentra en prisión por otro delito y no pudo ser trasladado a la Audiencia por la huelga de los funcionarios de prisiones. Los otros diez, salieron de la Audiencia con el ‘visto’ para sentencia de conformidad y nueve de ellos no entrarán en prisión, pues se solicitó la suspensión de las condenas que, en ningún caso, superan los dos años de cárcel, aunque eso sí, las todos juntos suman 18 años y multas de miles de euros.

Por otra parte, el acusado como uno de los dos cabecillas de la trama, se conformó con una pena de cuatro años de prisión, dos por un delito de tráfico de drogas y otros dos por un delito de blanqueo de capitales tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Fiscal que inicialmente pedía casi 13 años, lo mismo que solicita para la fugada pendiente de ser juzgada.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre agosto de 2009 y septiembre de 2010, cuando dos de los acusados, de nacionalidad boliviana, residentes en el Bierzo y en situación irregular en España, previo concierto con otras personas residentes en España y en Bolivia, recibieron gran cantidad de cocaína procedente del territorio boliviano para su posterior reparto a otras personas que las vendían en distintos puntos del territorio español utilizando para ello un almacén y punto de distribución localizado en Madrid.

El dinero obtenido de la venta de la cocaína, apuntaba el fiscal en el relato de los hechos, fue ocultado y, con la ayuda de otras personas (el resto de acusados) se trató de incorporar al tráfico legal con ingresos en efectivo en diversas sucursales bancarias de Ponferrada, Galicia y Portugal para su posterior transferencia a cuentas corrientes de entidades financieras de Bolivia bajo el concepto de servicios de la construcción o similares «consiguiendo retornar de ese modo más de ocho millones de euros ilícitos al circuito legal de capitales».