Pese a que los tribunales habían decretado ese derribo de la vivienda de la familia por no estar regularizada y tras la denuncia de otros herederos del terreno en la misma zona en la que se asienta, la propietaria, Rosana Balboa, consiguió demostrar que llevan años intentando hacerlo sin que el Consistorio lo gestione. Incluso denunció la intención de cobrar una cantidad por parte del anterior regidor para que se procediera a dar ese paso, algo que recriminó la Fiscalía en su momento.Finalmente, la Junta de Castilla y León dio licencia de uso de suelo, que ya estaba concedida desde 2016 por silencio administrativo y ese paso abría las puertas a que el Consistorio moviera la consiguiente licencia urbanística que debía ser presentada en el juzgado para zanjar la espada de Damocles del derribo.
Pero, tras mes y medio de espera, los movimientos del Ayuntamiento han sido, según Balboa «pedir los mismos informes que obran en el expediente de nuevo», al Servicio de Asistencia a Municipios que lleva el Consejo Comarcal, que se los ha reenviado igual que la primera vez. Para Balboa se trata de maniobras dilatorias que solo persiguen «que nopueda regularizar mi situación», lamenta.Balboa tiene abierto un recurso contencioso en el Juzgado Número 3 de León por la denegación de la licencia del Ayuntamiento que debería haber levantado tras la concesión del uso del suelo «pero no voy a hacerlo hasta tener la licencia».
Por eso ha presentado una solicitud al Ayuntamiento pidiendo que se le conceda licencia urbanística de uso de suelo provisional en suelo urbano no consolidado «a la mayor brevedad con expresa advertencia al alcalde, a sus órganos de Gobierno y a sus funcionarios de las responsabilidades en las que pudieran incurrir» de no hacerlo. La situación se complica con otro contencioso interpuesto en León por la Asociación de propietarios del sector 8 de La Venta de San Miguel de las Dueñas, por no tramitar el pertinente expediente de reparcelación que hace un año fue presentado ni dar paso a la expropiación y urbanización del mismo «lo hemos puesto por inacción del Ayuntamiento», explica Balboa. El 60% de los vecinos de esa zona, unos 15, han secundado esa denuncia que les supone un fuerte desembolso económico.
¿En qué punto está el expediente?
El PSOE preguntaba en sesión plenaria en qué punto se encuentra el expediente del derribo de la vivienda, pero el regidor no quiso contestar con inmediatez a esa pregunta y manifestó su intención de hacerlo en el próximo pleno ordinario. A la sesión asistía Rosana Balboa y, en su comienzo, el alcalde advertía que no permitiría la grabación del pleno público. Balboa lamentaba que, pese a que los concejales se interesaran por el expediente no pudieran acceder a información sobre el mismo «yo tampoco he podido, porque me cuelgan el teléfono», manifestó al finalizar el pleno.
En la sesión plenaria se advertía, por parte del PSOE, que las actas del anterior pleno no eran correctas, puesto que los concejales habían conseguido que el alcalde se comprometiera a enviar un escrito al juzgado en el que se tramita el derribo de la vivienda de la familia para que no se procediera almismo mientras hubiera casos judiciales abiertos. Sin embargo, el acta no recogía ese acuerdo, sino la intención del alcalde de solicitar informes sobre esa posibilidad. El regidor aseguró que, en base a la opinión del letrado que le asesora, no era pertinente enviar ese escrito.
El PSOE solicitó que se revisara ese escrito y se procediera al cambio del acta, algo que secundó Coalición por el Bierzo y, rompiendo la disciplina de voto del PP, también una de sus ediles, con lo que la mayoría plenaria consiguió que tuviera que ser aceptado ese punto.
Al finalizar el pleno, uno de los concejales del PP, José Manuel Martínez, pidió que constara en acta que él estaba en contra del derribo «pero respeto y acato las sentencias del Contencioso-Administrativo Número 2 de León y del TSJ», apuntó, por las que, en principio, se solicitó la ejecución del derribo.La oposición se preguntó las causas de ese proceder y se sumó a ese mismo manifiesto de respeto a las resoluciones judiciales, pero apoyo a la familia para que no se derribe su vivienda. Balboa lamenta que la situación de irregularidad de su vivienda, que ya debería estar solucionada, siga siendo un tema que se queda sobre la mesa «y hasta dentro de dos meses que haya pleno ordinario no sabremos nada», augura.