Al respecto, Tobalina consideró que sus palabras se producen, posiblemente, «sin conocer en profundidad» cuál es el funcionamiento de estas ayudas, un «error» que tachó de «lamentable», pero «subsanable», informa Ical. Además, recalcó que estas ayudas a la inversión de industrias se financian con fondos europeos y también propios, pero siguen las condiciones de Europa, como son que se mantengan los empleos y los activos que han recibido las subvenciones. «Ese plazo es de cinco años», dijo el viceconsejero, quien añadió que la Junta comparte que ese plazo se tiene que revisar para ver si es posible ampliarlo. No obstante, recalcó que la administración autonómica ha estado «vigilante», al igual que el Estado para verificar que cumplía las condiciones establecidas. «Tanto es así», explicó, que en junio la compañía acreditó el mantenimiento de las inversiones, si bien pasados dos meses, a finales de agosto, informó al Ejecutivo autonómico de su intención de cerrar la factoría leonesa. Martín Tobalina apuntó también que la empresa había explicado que «no iba a cerrar» y que «solo» se encontraba inmersa en un proceso de «reestructuración» de los puestos de trabajo «temporales».
Vestas justificó hasta junio la continuidad de la actividad que exigían las ayudas que percibió
Las condiciones para percibir las subvenciones es que se mantengan los empleos y los activos que las han recibido durante un plazo de cinco años, que la Junta cree que hay que revisar
25/09/2018
Actualizado a
17/09/2019
El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, aclaró este lunes al vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), José Ignacio Carrasco, que hasta junio Vestas justificó la continuidad de la actividad y los empleos que exigían las ayudas de 12,5 millones de euros que había recibido. Además, apuntó que es Europa quien fija las condiciones y el plazo de reclamación de los fondos. En declaraciones a los medios, Tobalina hizo una aclaración sobre esta cuestión después de que el dirigente de la patronal abogara por ampliar el plazo de las reclamaciones de las ayudas a las empresas para evitar casos como el de Vestas, la multinacional danesa que esperó a que finalizara este periodo para presentar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo y el anuncio del cierre de su planta en Villadangos del Páramo.
Al respecto, Tobalina consideró que sus palabras se producen, posiblemente, «sin conocer en profundidad» cuál es el funcionamiento de estas ayudas, un «error» que tachó de «lamentable», pero «subsanable», informa Ical. Además, recalcó que estas ayudas a la inversión de industrias se financian con fondos europeos y también propios, pero siguen las condiciones de Europa, como son que se mantengan los empleos y los activos que han recibido las subvenciones. «Ese plazo es de cinco años», dijo el viceconsejero, quien añadió que la Junta comparte que ese plazo se tiene que revisar para ver si es posible ampliarlo. No obstante, recalcó que la administración autonómica ha estado «vigilante», al igual que el Estado para verificar que cumplía las condiciones establecidas. «Tanto es así», explicó, que en junio la compañía acreditó el mantenimiento de las inversiones, si bien pasados dos meses, a finales de agosto, informó al Ejecutivo autonómico de su intención de cerrar la factoría leonesa. Martín Tobalina apuntó también que la empresa había explicado que «no iba a cerrar» y que «solo» se encontraba inmersa en un proceso de «reestructuración» de los puestos de trabajo «temporales».
"Mala fe" y "engaño"
Por ello, el viceconsejero apuntó que todo ello indica la «mala fe» y el «engaño» de la multinacional danesa, que recordó que «alardea» de ser «líder en tecnologías limpias». Todo ello, añadió, generó un conflicto «gravísimo», fruto de una decisión «lamentable», que a partir de este martes se presentará a las instituciones europeas en un viaje institucional a la capital comunitaria. De esta forma, la Junta, con la consejera de Econonomía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el Gobierno, con la delegada Virginia Barcones, así como los principales agentes sociales –UGT y CCOO– acudirán a Bruselas para trasladar a Europa la situación «antisocial e injusta» creada por Vestas en León, donde podría «dejar en la calle» a 500 trabajadores y sus familias.
"Jaque" a la política industrial
Igualmente, expresarán la preocupación existente por el «progresivo» traslado de capacidades industriales por parte de empresas, que recibieron apoyos para el reequilibrio industrial, hacia terceros mercados. De esta forma, en un «futuro próximo», señaló, fabricarán productos que venderán a Europa, lo que para Tobalina «pone en jaque» la política industrial europea.
Al respecto, Tobalina consideró que sus palabras se producen, posiblemente, «sin conocer en profundidad» cuál es el funcionamiento de estas ayudas, un «error» que tachó de «lamentable», pero «subsanable», informa Ical. Además, recalcó que estas ayudas a la inversión de industrias se financian con fondos europeos y también propios, pero siguen las condiciones de Europa, como son que se mantengan los empleos y los activos que han recibido las subvenciones. «Ese plazo es de cinco años», dijo el viceconsejero, quien añadió que la Junta comparte que ese plazo se tiene que revisar para ver si es posible ampliarlo. No obstante, recalcó que la administración autonómica ha estado «vigilante», al igual que el Estado para verificar que cumplía las condiciones establecidas. «Tanto es así», explicó, que en junio la compañía acreditó el mantenimiento de las inversiones, si bien pasados dos meses, a finales de agosto, informó al Ejecutivo autonómico de su intención de cerrar la factoría leonesa. Martín Tobalina apuntó también que la empresa había explicado que «no iba a cerrar» y que «solo» se encontraba inmersa en un proceso de «reestructuración» de los puestos de trabajo «temporales».
"Mala fe" y "engaño"
Por ello, el viceconsejero apuntó que todo ello indica la «mala fe» y el «engaño» de la multinacional danesa, que recordó que «alardea» de ser «líder en tecnologías limpias». Todo ello, añadió, generó un conflicto «gravísimo», fruto de una decisión «lamentable», que a partir de este martes se presentará a las instituciones europeas en un viaje institucional a la capital comunitaria. De esta forma, la Junta, con la consejera de Econonomía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el Gobierno, con la delegada Virginia Barcones, así como los principales agentes sociales –UGT y CCOO– acudirán a Bruselas para trasladar a Europa la situación «antisocial e injusta» creada por Vestas en León, donde podría «dejar en la calle» a 500 trabajadores y sus familias."Jaque" a la política industrial
Igualmente, expresarán la preocupación existente por el «progresivo» traslado de capacidades industriales por parte de empresas, que recibieron apoyos para el reequilibrio industrial, hacia terceros mercados. De esta forma, en un «futuro próximo», señaló, fabricarán productos que venderán a Europa, lo que para Tobalina «pone en jaque» la política industrial europea.
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