Chorradas de catálogo, así estamos

Fue hace un par de semanas, el 24 de noviembre. La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villablino fue una de esas ocasiones en que determinados políticos no le ponen puertas al campo… de su ignorancia, siempre tan osada. Leyendo el acta uno se pregunta si eran conscientes de que cuanto decían quedaría escrito. Seguro que sí, porque el movimiento de la lengua de estos rollistas de la pamplina nunca va parejo al de su cerebro, o porque se consideran impunes ante todo y ante todos.
Dentro de la temática tratada, además de reconocer con una ligereza temeraria algunas instalaciones municipales plagadas de irregularidades que debieran ser objeto de investigación judicial y responsabilidades políticas, aparece una propuesta para que las brañas sean Bien de Interés Cultural. «Forman parte del patrimonio, sin perjuicio de que las construcciones en su mayor parte son ilegales», en palabras del presidente de la comisión. En el fragor del debate, el interés cultural se queda por el camino y entran de lleno sobre el IBI de esas construcciones, que es «una salvajada», dice él. Hablan de una posible bonificación bajo la excusa de que una cabaña en la montaña carece de servicios, y consultan al secretario, quien responde que no es posible por no estar prevista en la ley, y que además la premisa legal es que el propietario (no la administración) debe costear los gastos de implantar esos servicios en suelo rústico. Ante esto, otro concejal –uno de esos que no necesitan asesor jurídico, ya que saben de todo– le enmienda la plana con la coletilla de que sí está contemplada la exención para construcciones singulares en la Ley de Haciendas Locales. (No la busquen, que no existe).
Al final, se aborda «el panorama» de la oferta para avistamientos de osos en montes de la zona. El presidente alude al malestar que –según él– tienen las juntas vecinales, propietarias de los montes, por su uso en una actividad lucrativa, y lee la carta que han enviado a la Junta pidiendo explicaciones. Y cierra con que «hay empresas con permiso de Valladolid para hacer estudios sobre los urogallos, que aprovechan la coyuntura para traer turistas». El problema no es la influencia sobre animales en peligro de extinción o la riqueza que eso genere en el sector servicios en la zona, no. Solo es que esas empresas tienen que pagar peaje. La pasta… En resumen, chorradas de catálogo con derechos de autor a nombre de los concejales Miguel Ángel Álvarez Maestro y José Antonio Franco Parada. Así estamos.