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Casi 5.600 hectáreas esperan el 'boom' de la fotovoltaica

Casi 5.600 hectáreas esperan el 'boom' de la fotovoltaica

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L.N.C. | 29/04/2021 A A
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Casi 5.600 hectáreas esperan el 'boom' de la fotovoltaica
Medio Ambiente Asaja denuncia la expulsión de agricultores de estos terrenos por la presión de los fondos
La información recabada por Asaja apunta a que la provincia de León se encuentra probablemente a la cabeza de España en el impulso, el ‘boom’, de macroparques de energía fotovoltaica. Las 24 iniciativas que ya se han publicado en el Boletín Oficial, sometiendo a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental, ocupan una superficie de 4.549 hectáreas de tierras de cultivo o pastos, superficie equivalente a la inundada por los cuatro embalses de la cuenca del Duero (Barrios de Luna, Villameca, Riaño y Porma).

Cada uno de estos macroparques, con un vallado perimetral que lo aísla del campo colindante, ocupa una media de 189 hectáreas de terreno, a lo que hay que sumar una compleja red de líneas de alta tensión para evacuar la electricidad, y en otros casos modificación de las ya existentes para dotarlas de mayor capacidad.

Asaja recuerdan en un comunicado que se opone, con carácter general, a estos megaproyectos, ya que suponen un cambio de uso del suelo rústico, de utilización agrícola o ganadera, a suelo industrial, sin posibilidad alguna de reversión futura.

Están siendo expulsados al no poder competir con los precios que pagan las multinacionales y los fondos de inversión  «Los agricultores y ganaderos leoneses de las zonas afectadas por macroparques son por lo general arrendatarios de los terrenos, ya que la propiedad es muy escasa, por lo que están siendo expulsados al no poder competir con los precios que pagan las multinacionales y los fondos de inversión promotores de estas fuentes de energía», señalan y añaden que en muchos casos, y tanto para la colocación de las placas como para las líneas de evacuación, se recurre a la expropiación forzosa justificada en el interés público.

El sindicato agrario pide a las administraciones una regulación específica de estas instalaciones en la que se tenga en cuenta, además de la actividad económica que generan, la incidencia medioambiental y territorial, así como las afecciones negativas en sectores como el primario, y en todo caso que se establezca un porcentaje máximo de ocupación con respecto al del término municipal donde se asienten.

La organización ha pedido también que se impida su construcción en los montes de utilidad pública (MUP) y. por supuesto, en terrenos con proyectos declarados de interés general por concentraciones parcelarias, regadíos o modernización de regadíos.

Por último, la OPA considera que la provincia leonesa no puede soportar más infraestructuras de líneas de evacuación de la electricidad, causando daños a los propietarios de las tierras agrícolas además de los daños medioambientales, por lo que pide que se aprovechen las ya existentes, que no se autoricen otras nuevas, y que allí donde sean imprescindibles que se hagan en soterramiento en lugar de aéreas.
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