el «giro social» que el Gobierno había anunciado en materia de vivienda no conllevará, por el momento, la imposición de límites al precio del alquiler. La batería de medidas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros no contempla topes, pese a que el Gobierno se comprometió a imponerlos en zonas «tensionadas» en su pacto presupuestario con Podemos.
Fuentes del Ministerio de Fomento explicaron ayer que el acuerdo se plasmará a lo largo de 2019 porque «es de una gran complejidad y hay que estudiar la metodología que se empleará».
Contratos y fianzas
El departamento justificaba de esta forma su decisión de no incluir límites a los precios del alquiler en el real decreto-ley que recibió este viernes luz verde del Consejo. Una norma que, según el ministro de Fomento, José Luis Ábalos busca «dar respuesta a la difícil situación que se da en el mercado de alquiler» en algunas ciudades.
Y es que urbes como Madrid o Barcelona acumulan varios trimestres con crecimientos de precios de doble dígito. El real decreto, elaborado por un grupo de trabajo interministerial, busca proteger a los inquilinos de esta escala de precios con medidas como la ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos desde los tres a los cinco años en el caso de los particulares y a los siete si el arrendador es una empresa. La prórroga tácita, por su parte, pasa de uno a tres años. Y se limitarán las fianzas a dos mensualidades tras la entrada en vigor de esta norma, que se producirá el día después de su publicación en el BOE.
Gastos de gestión
Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador cuando sea persona jurídica. Tal y como adelantó ABC, los fondos pidieron al Ejecutivo que no hiciera distinciones entre particulares y empresas, petición que finalmente no ha sido aceptada.
Incentivos fiscales
También se contemplan incentivos fiscales, como la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. De igual forma, se modificará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), eliminando la obligación de repercutirlo al arrendatario en el alquiler social, habilitando a que los ayuntamientos con superávit lo destinen a promover el parque de vivienda, permitiendo a los consistorios bonificar hasta el 95% del tributo y exigiendo a las administraciones locales que quieran penalizar con un recargo las viviendas vacías que definan qué es un piso desocupado.
Desahucios
En materia de desahucios, que tal y como recordó Ábalos crecen en el alquiler a un ritmo del 5%, el Gobierno cambiará la ley para que los servicios sociales emitan un informe obligatorio al juzgado cuando se notifique un embargo. Si este texto alerta de que el lanzamientos afecta a personas en situación de vulnerabilidad, el proceso se interrumpirá un mes si solicita el embargo una persona física y dos si lo hace una jurídica.
Viviendas turísticas
El Gobierno facilitará, además, el veto las viviendas turísticas. Se modificará la ley sobre propiedad horizontal para que los propietarios de un bloque puedan rechazar un piso turístico por una mayoría de tres quintos. Hasta ahora, necesitaban unanimidad. La medida, anunciada hace meses por el Ejecutivo, busca limitar la proliferación de estos inmuebles y su consecuente impacto en el alquiler.
Una medida cuestionada
Esta amalgama de medidas fue recibida con frialdad por la oposición. «No compartimos el intervencionismo en ninguna cuestión, tampoco en materia de vivienda», criticó este viernes la diputada popular Belén Hoyo, que también acusó al Ejecutivo de «podemizar» las políticas del anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Tampoco Pablo Iglesias quedó conforme con la norma. De hecho, el líder de Podemos advirtió que, al no recoger un tope a los precios, incumple el pacto presupuestario que alcanzó su formación con el PSOE. Los expertos del sector, en cambio, celebraron ayer que el Ejecutivo finalmente no incluyese esta limitación en su anunciado decreto. «Esto podría haber incentivado la economía sumergida, limitando la oferta del alquiler», explicó a ABC la directora de estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, que también echó en falta «medidas que otorguen seguridad jurídica a los propietarios».
