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Aforados

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11/01/2017 A A
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Aforados
Han pasado ya unos días desde que estrenamos el 2017, y todavía no se ha empezado a enredar en los medios de comunicación con los aforados, algo que últimamente se había convertido en una cuestión recurrente. Bueno… tampoco te extrañe que se haya querido dar tregua al tema hasta que guardemos los nacimientos y demás bártulos navideños hasta el próximo año, que no son tiempos estos –vamos, digo yo– para asuntos tan densos. Al menos para quienes de leyes entendemos más bien poco…

Será precisamente por eso por lo que oír hablar de aforados me suena poco menos que anacrónico. Resulta que hay determinada gente que, por razón de su cargo u oficio, no sigue los mismos cauces que el resto de los mortales en caso de tener que dar cuenta de sus actos a la justicia. Así, políticos –diputados, parlamentarios autonómicos, consejeros, ministros…– y jueces, fundamentalmente, no son juzgados –en virtud de su aforamiento– por los tribunales de primera instancia, como el resto de los ciudadanos, sino que se ocuparían directamente de ello los Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo.

En España son más de diez mil –que se dice pronto– quienes se encuentran en esa situación, que unos califican de privilegio y otros casi de lo contrario. Pero de lo que no hay duda es de que los aforados reciben un trato distinto al resto del mundo… y, por lo menos, suena raro…

Que sí, que el aforamiento existe desde hace siglos –aunque hasta hace unos años yo nunca había oído hablar de ello, la verdad–, que se contempla en la legislación –empezando por la Constitución–… y lo que tú quieras. Pero a mí me sigue sin terminar de ‘encajar’… por más que se diga que es por el buen funcionamiento de las altas instituciones del Estado, y que así se evitan presiones políticas a los jueces de los tribunales ordinarios.

Bueno, y no te digo ya si hablamos del rey, que eso parece que va aún más allá… Dice el artículo 56.3 de la Constitución que «la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». ¡Ahí es nada! Entonces, si a Felipe VI le diera –pongamos por caso– por asesinar a alguien, ¿quiere eso decir que no sería responsable?
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