Ayer, el diario El País hacía público el contenido de un informe de la Abogacía del Estado que esta semana se ha incorporado a la investigación que desarrolla el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que indaga si el embajador Emilio Pérez de Ágreda y su número dos, Oriol Solá, cometieron un delito de homicidio imprudente al desantender la seguridad del complejo, como sostienen en su querella los familiares de las víctimas.
Según este informe, los terroristas talibanes que perpetraron el atentado contra la embajada de España en Kabul el 11 de diciembre de 2015 se encontraron abiertas al menos dos puertas del complejo diplomático: la de entrada al edificio de funcionarios número uno, que los asaltantes habrían utilizado para pasar a la azotea, y la del denominado ‘cuarto seguro’ o búnker. De este modo, considera que «los terroristas no encontraron obstáculos para acceder al edificio al no estar bloqueadas estas puertas blindadas», lo que supondría más una negligencia de los funcionarios que de los responsables políticos, aunque en el citado informe no se señala a nadie.
Lo que sí hace la Abogacía del Estado en su escrito es rechazar las tesis planteadas por los denunciantes. Según los querellantes, el edificio presentaba enormes carencias de seguridad y afirman asimismo que los primeros informes sobre los riesgos del complejo diplomático se habían puesto en conocimiento de la propia embajada y del Ministerio de Asuntos Exteriores en 2008.
También hace alusión el informe a los avisos sobre la posibilidad de atentado que recibió la legación, pero que, a su juicio, «eran relativamente frecuentes y, en la mayoría de las ocasiones, genéricas e indeterminadas».
Las viudas de los policías asesinados rebaten las afirmaciones del informe incorporado esta semana a las investigaciones La Abogacía del Estado deshecha con dureza las tesis de los denunciantes y sostiene que sus afirmaciones son «erróneas y quizás tendenciosas», además de apuntar que el Ministerio de Exteriores invirtió 495.000 euros en reforzar la seguridad entre 2006 y 2015, y otros 276.000 en fusiles Kalashnikov para los 21 agentes afganos de la agencia de seguridad privada contratada para la vigilancia exterior de la embajada.
"No sorpresa, pero sí rabia"
Las viudas de los dos agentes asesinados en el atentado de Kabul, Gabi y Jorge, indican que «a estas alturas» este informe que arremete con dureza contra los querellantes no les sorprende, lo que no quita que les produzca «rabia». En declaraciones a este periódico explicaron que las dos puertas que, según la Abogacía del Estado, estaban abiertas se corresponden, una con la habitación en la que estaba Jorge descansando y que siempre estaba abierta para que pudieran entrar los funcionarios pues era su cuarto, «salvo que hubiera algún aviso de atentado, como hubo pero del que no tuvieron constancia», y la otra, la del búnker, «que no es que estuviera abierta, es que la explosión inicial la dañó» haciendo imposible que quienes se refugiaron en su interior pudieran cerrarla.Asimismo, indican que las fotografías previas al suceso «hablan por sí solas» del deterioro de las instalaciones en las que Gabi y Jorge desarrollaban su trabajo, algo que habían puesto en conocimiento de la embajada y el Ministerio, y sostienen que de los 495.000 euros que el informe de la Abogacía del Estado dice que se gastaron entre 2006 y 2015, «sólo 5.000 fueron a tapar ventanas en lo que es la embajada», el resto se iría a la ‘zona verde’, suponen.
Además, afirman que mientras se había invertido en fusiles para los agentes afganos, se habían rechazado las peticiones de los policías españoles que reclamaron armas y munición recibiendo una negativa como respuesta porque «no las iban a usar».