Solo uno de los ocho exconsejeros de Caja España citados este lunes acepta declarar

AMPLIACIÓN | El exalcalde de León, Francisco Fernández, ha sido el único que ha respondido a las preguntas de las partes

I. Herrera
19/02/2018
 Actualizado a 17/09/2019
Algunos de los investigados con sus letrados a su entrada a los Juzgados de León. | DANIEL MARTÍN
Algunos de los investigados con sus letrados a su entrada a los Juzgados de León. | DANIEL MARTÍN
La primera jornada de declaraciones de los exconsejeros de Caja España investigados por las posibles irregularidades en la concesión de créditos al que fuera presidente de la entidad entre junio de 2006 y octubre de 2012, Santos Llamas, ha discurrido este lunes con bastante agilidad al acogerse a su derecho a no declarar siete de los ocho citados.

Sólo Francisco Fernández, exalcalde socialista de León y, en su momento, vicepresidente de la Caja, aceptaba contestar a las preguntas del juez, la Fiscalía y su defensa. Lo hacía, según él mismo declaró a su salida de los Juzgados de León, porque “cuando las cosas están claras, la mejor manera es esta”. Fernández lamentaba que lleva ya nueve años “aguantando el chaparrón por este motivo” cuando ha sido alcalde “y nunca he tenido ningún problema”, pero “yo sigo con la cabeza alta y muy tranquilo en el sentido de que cuando tienes la razón, pues la tienes”, concluía.

Los exconsejeros citados este lunes, además de Fernández, eran Miguel Ángel Álvarez (UGT), Bernardo Fernández (UPL), Artemio Domínguez (PP), Alfredo Fernández (CSICA), Alejandro Menéndez (catedrático de Derecho Financiero de la UVA afín al PP) y Javier García-Prieto (PP). Su paso por la sala de vistas ha sido breve, pues tan sólo han puesto en conocimiento del juez instructor su decisión de no declarar argumentando motivos como que está pendiente de resolución un recurso al auto que denegó el sobreseimiento.

Miguel Ángel Álvarez explicaba al salir del edificio de Sáenz de Miera que su decisión de no declarar responde “al punto en el que está el proceso, pendiente de la resolución del recurso para el sobreseimiento de la causa, y a las circunstancias que lo rodean, hay un aforado sobre el que hay que tomar una decisión de dónde declara y qué representa eso respecto a los demás, porque puede ser que tengamos que declarar en el Supremo”. En todo caso, Álvarez sostuvo que siempre tomaron las decisiones que consideraron que eran “más convenientes para la Caja y las más beneficiosas”, por lo que negó sentir responsabilidad alguna, “fueron decisiones”.

También expuso los motivos de su no declaración el concejal popular Javier García-Prieto, que indicó que dado que cuando se abrió la causa tenía condición de aforado (era procurador en las Cortes por el PP) no ha tenido acceso a la instrucción hasta su citación hace apenas dos semanas, por lo que “he entendido que para ofrecer una declaración responsable y fundamentada desconozco el contenido del asunto y por eso no he declarado”. García-Prieto también ha asegurado que se actuó de acuerdo a la “más estricta legalidad, sentimos que era en ese momento prudente y nada temerario hacer caso y seguir los dictámenes técnicos que eran los que proponían las operaciones, nosotros obramos siempre en consecuencia y siempre a favor del interés de la Caja".

Su abogado defensor fue más allá y aseguró que tanto su representado, Javier García-Prieto, como el resto de investigados “se limitaron a crear en la ciudad de León un espacio temporal para que aquello no hubiese estallado, podría haber estallado la Caja y el resto de las empresas de León, se evitó todo aquello gracias a la lealtad de estos 14 o 13 señores y señoras”. Según el letrado Jesús Sánchez Lambás “no hay nada en la denuncia que determine una conducta relevante de administración desleal, ¿a quién han engañado? ¿deslealtad con quién? ellos se limitan a mantener una situación que era inevitable, ellos no dan créditos a Santos Llamas, ni a los otros 300”.

Por su parte, la abogada de Izquierda Unida, personada como acusación popular, no mostró sorpresa por la no declaración de la inmensa mayoría de los exconsejeros, “el único que ha declarado ha sido Francisco Fernández y según lo esperado, no se siente responsable del perjuicio que se ocasiona a la Caja, que él únicamente aprobaba las operaciones de refinanciación en base a los informes técnicos resultaban favorables y él únicamente levantaba la mano sin que haya dejado claro por supuesto que él se limitaba a hacer eso”.
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