Serfunle revisará el contrato con Mémora y evaluará si Hurtado cae en incompatibilidad

El interventor emite otro informe en el que cifra en 8,4 millones los pagos al socio privado en virtud del polémico canon de gestión

Alfonso Martínez
01/04/2016
 Actualizado a 27/08/2019
Un instante de una reciente asamblea de Serfunle. | MAURICIO PEÑA
Un instante de una reciente asamblea de Serfunle. | MAURICIO PEÑA
La mancomunidad de Servicios Funerarios de León (Serfunle) iniciará de inmediato un expediente de revisión de oficio del contrato adjudicado en el año 2003 a la empresa Service Corporation International (SCI) Spain (actualmente Mémora) para que formara parte de la sociedad mixta.

Fue la principal decisión abordada en la asamblea de concejales de la mancomunidad celebrada este jueves y llegó por unanimidad de todos sus integrantes.

La decisión se adoptó tras dar cuenta de un informe elaborado por la vicesecretaria de la mancomunidad (la secretaria sigue de baja) sobre la inclusión en la adjudicación de un canon de gestión que no figuraba en los pliegos de licitación y que fue propuesto por la empresa en su oferta.

El informe establece que hay varios motivos que podrían viciar el contrato de nulidad de pleno derecho, por lo que insta a ese proceso de revisión. Se refiere en este sentido a cuestiones como la omisión de un estudio económico en el expediente, la inclusión en el pliego de mejoras gratuitas y la aceptación por parte de la mesa de contratación de la oferta con cláusulas no contempladas en el pliego, lo que podría poner en riesgo los criterios de igualdad y transparencia.

Va por tanto en la línea del informe que ya había elaborado el interventor de la mancomunidad y que desató la polémica el pasado mes de enero. Precisamente, durante la asamblea de este jueves se leyó además otro informe del interventor en el que ratifica «total y expresamente» el anterior en lo referido a que la adjudicación es nula de pleno derecho. El interventor considera también que el pago del canon de gestión, cifrado definitivamente en 8.419.530,11 euros entre los años 2004 y 2015, puede haber dado lugar a un «alcance contable» (ausencia de justificación).

Fue precisamente este segundo informe del interventor el que dio lugar a otra de las decisiones importantes que se abordaron en la asamblea de este jueves. Se trata de la petición de un informe jurídico que determine si Carlos Hurtado puede incurrir en «incompatibilidad» por ser al mismo tiempo secretario del consejo de administración de la empresa mixta (que está participada al 51% por la mancomunidad de León, San Andrés y Villaquilambre y al 49% por Mémora) y secretario de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), que «representa y defiende los intereses comunes de las empresas prestadoras de servicios funerarios», tal y como puede leerse en su propia página web. Esta petición de informe jurídico llegó tras un tenso debate a raíz de que el concejal del PAL en SanAndrés, Francisco Gómez, presentase una moción por urgencia en la que pedía que se apartara a Hurtado de su cargo como secretario del consejo de administración de la empresa mixta de forma cautelar hasta que se concretase si existe alguna in compatibilidad, tal y como apunta el interventor en su último informe.

Los ediles del PP rechazaron la urgencia de la moción y propusieron a continuación la petición de ese informe que evalúe si existe algún tipo de incompatibilidad en la figura de Hurtado.
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