Serfunle, doce años de polémico servicio

La empresa mixta formada por la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León y Service Corporation International (SCI) Spain (actualmente denominada Mémora) vive inmersa en una fuerte polémica después de que se haya conocido un informe del interventor del organismo público en el que reclama la anulación del contrato suscrito entre ambas partes en el año 2003.

Un informe del interventor pone en duda la legalidad del contrato suscrito en el año 2003 con el objetivo de constituir la empresa mixta El motivo es el pago desde entonces y hasta mediados del pasado año de un canon de gestión que no aparecía en el pliego de licitación y que únicamente fue propuesto por el socio privado en su oferta para optar al contrato. El montante del citado canon oscila entre los 700.0000 y los 900.000 euros (IVA incluido). Fue precisamente un acta de la Agencia Tributaria sobre las deducciones fiscales que Serfunle aplicaba al importe de este canon lo que ha destapado el último escándalo relacionado con los servicios funerarios de la capital leonesa y los dos principales municipios de su área metropolitana.

El actual presidente de la mancomunidad y teniente alcalde del Ayuntamiento de León, Fernando Salguero, parece dispuesto a tomar cartas en el asunto y no permitir más cuestiones polémicas en la gestión de la mancomunidad y de la empresa mixta.

Es por eso que ha solicitado hasta cuatro informes técnicos sobre las actas remitidas por la Agencia Tributaria y sobre el canon de gestión, cuya legalidad pone en duda el interventor de la mancomunidad.

Este primer informe se enviará al Tribunal de Cuentas una vez que se complete con la documentación que la mancomunidad ha solicitado ya a la empresa mixta. El siguiente punto clave será el informe de la secretaria de la mancomunidad, que ha solicitado una prórroga para la elaboración del mismo puesto que está de baja médica.

Y será clave porque, si su diagnóstico coincide con el del interventor, desde la mancomunidad se solicitará el inicio de un expediente de revisión y declaración de nulidad de pleno derecho del contrato suscrito en el año 2003 con la empresa adjudicataria, denominada actualmente Mémora.

Dicho expediente tendría que pasar posteriormente por el Consejo Consultivo de Castilla y León, que tendría que dictaminar la nulidad o no del contrato al margen de las responsabilidades que pudieran substanciarse desde el Tribunal de Cuentas.

Los otros dos informes solicitados por Salguero corresponden al asesor jurídico de la mancomunidad y al secretario del consejo de administración de la empresa mixta, que es Carlos Hurtado.

Jefe del servicio de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de León y actualmente secretario de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), el papel de Hurtado en este asunto se remonta también al proceso de adjudicación del contrato de la mancomunidad a la actual Mémora para que formase parte de la sociedad mixta.

Es precisamente Hurtado uno de los dos técnicos que firma en 2003 la propuesta de adjudicación del contrato y acepta por tanto el canon de gestión propuesto por la empresa. Según el reciente informe del interventor, esto «supone una vulneración sustancial de las bases contenidas en el pliego de cláusulas» y «debe determinar la anulación del acto de adjudicación». Salguero ha requerido de nuevo los informes tanto de Hurtado como del asesor jurídico de la mancomunidad, que aún no se han presentado desde que se les solicitase por primera vez el pasado 28 de diciembre.

A la espera de conocer la evolución de este asunto, cabe repasar otras polémicas que han salpicado el funcionamiento de los servicios funerarios desde la constitución de la empresa mixta. En este sentido, dos han sido las principales problemáticas que hasta ahora se habían detectado.

La primera de ellas es la prestación de servicios fuera de los límites territoriales de los municipios que integran la mancomunidad. Es preciso recordar en este sentido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León dictó el pasado mes de octubre una sentencia en la que se anulaba la modificación de los estatutos de la mancomunidad aprobada en el año 2008 con el objetivo de ampliar su ámbito de actuación territorial. La sentencia llegó a raíz de un recurso presentado por la empresa Funerarias Leonesas (propietaria del tanatorio Los Jardines).

La otra gran polémica se ha centrado en los descuentos que la Serfunle practicaba (se investiga si lo sigue haciendo) a las compañías aseguradoras. Se han dictado ya varias sentencias judiciales que han decretado su anulación.