Se enfrenta a dos años y medio por tatuar con tintas prohibidas en un local de la capital

El titular de un establecimiento de tatuajes situado en la calle San Francisco de León se enfrenta a dos años y medio de prisión por un presunto delito contra la salud pública. Según las calificaciones provisionales del Ministerio Público, los hechos se remontan a mayo de 2012 cuando miembros del Seprona de la Guardia Civil de León le denunciaron por efectuar tatuajes utilizando y procediendo a la venta de la tinta de una marca concreta cuyo uso estaba prohibido por el riesgo que conlleva para la salud.

Tras una inspección en el almacén del local, se procedía a la incautación de 246 envases de tinta sin registro sanitario, más de 10.000 agujas, 755 pungs, 966 catéteres y 723 tubos desechables con agujas incumpliendo, todos ellos, los requisitos establecidos en la legislación sanitaria vigente, sostiene el fiscal en su escrito de calificaciones. Según la información que aporta, parte de la tinta intervenida era de una marca sobre la que lanzaba una alerta en el año 2008 la Agencia Española del Medicamento yProductos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, por contener tintes azoicos que liberan aminas aromáticas clasificadas como sustancias cancerígenas.

La defensa dice que ha superado numerosas inspecciones de Sanidad e Higiene sin haber sido nunca objeto de sanción El fiscal entiende que los hechos constituyen un delito contra la salud pública por el que solicita para el acusado una pena de dos años y medio de cárcel, una multa de 10 meses con una cuota diaria de diez euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de tatuador o suministrados de productos relacionados durante año y medio. Asimismo considera que procede acordar la clausura temporal del establecimiento por un periodo de dos años.

La defensa, por su parte, discrepa con el relato del fiscal y asegura que su representado está perfectamente capacitado y autorizado, al igual que las personas que con él trabajan, y que desde el inicio de la actividad ha superado numerosas inspecciones de Sanidad e Higiene sin haber sido objeto de sanción y sin que ninguna persona haya resultado afectada en su salud o integridad física a consecuencia de su actividad. Por ello, entiende que no hay delito y que procede para el acusado la libre absolución.

El juicio está señalado para el próximo 24 de febrero en la sala de lo Penal número 2 de León.