“Decirle a un alumno que guarde su móvil y responderme que si no puedo esperar a que él acabe la partida que estaba jugando” fue un comentario de un profesor de un centro de Secundaria en Burgos, recogido en una encuesta realizada el curso pasado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) entre un millar de docentes. Muchos de ellos reconocían que el origen de la mayor parte de los problemas era el teléfono móvil. “El tema de los móviles en clase causa muchos conflictos y más aún entre los alumnos de mayor edad”, reconocía otro profesor de Soria.
En el mismo sentido, se pronunció otro de León al recordar que, en una ocasión, un estudiante se negó a guardar su móvil en horas de clase u otro que fue sorprendido copiando en un examen con el ‘smartphone’. La encuesta hacía referencia al mal uso de estos dispositivos en el centro y el aula, con grabaciones y fotos a profesores para luego divulgarlas en las redes sociales. También advertían del uso de los móviles para el ciberbullying entre compañeros o con ofensas importantes entre alumnos en grupos de WhatsApp que “repercuten muy negativamente” en el ambiente escolar.
La Consejería de Educación subraya que el uso de los móviles en las aulas no tiene una regulación normativa por parte de la Junta. Su titular, Fernando Rey, ya señaló durante la presentación del curso escolar que la administración “no debe y no va a prohibir porque el móvil puede y tiene fines pedagógicos”. Incluso, recordó que muchos profesores lo emplean en las aulas. De esta manera, se desmarcaba de la decisión del Gobierno de Francia de prohibir los móviles en las escuelas.
Educación recuerda a la Agencia Ical que el uso del teléfono móvil, así como la vestimenta de los alumnos, depende del Reglamento de Régimen Interior (RRI) de los centros. Es decir, el documento que recoge las normas propias que fija cada centro y que aprueba su Consejo Escolar. La práctica totalidad de los centros prohíbe el uso del móvil en las aulas y en los propios centros. Un claro ejemplo es el Instituto de Educación Secundaria (IES) Diego Marín Aguilera en Burgos que en su reglamento interno “prohíbe en todo el recinto del centro el uso de móviles, cámaras fotográficas, grabadores y reproductores de audio y vídeo en el horario escolar, salvo en actividades académicas cuya programación así lo especifique”. El objetivo, según el texto, es evitar interrupciones y molestias en las actividades docentes así como prevenir los robos y las pérdidas de estos aparatos y el mal uso que puedan hacer los alumnos.
Este documento precisa que el horario escolar incluye los periodos de descanso de cinco minutos entre clases y el recreo. También que el uso de móviles se considerará cuando estén activados y/o emitan algún tipo de sonido o que se encuentren a la vista. El reglamento interno del Diego Marín Aguilera señala que el profesor podrá retirar cualquiera de estos aparatos al alumno que incumpla estas normas y entregárselo a la Jefatura de Estudios. Será el jefe de estudios el encargado de devolver al alumno el móvil retirado en el plazo de siete días. Aunque este plazo aumentará al mes si se le confisca por segunda vez y en el caso de ser retirado por tercera vez, quedará bajo custodia de Jefatura de Estudios hasta final de curso. En cuanto a las sanciones, si un alumno se negase a entregar el móvil o cualquier aparato electrónico se le abriría un expediente disciplinario, lo que implicaría –según el Decreto de los Derechos y Deberes de los Alumnos- una “suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o todas ellas por un periodo superior a cinco días lectivos e inferior a 30 días”.
El director del Diego Marín Aguilera, Javier Ruiz, demanda a la Consejería una normativa propia sobre el mal uso de los teléfonos móviles porque si no se presta a la “arbitrariedad” de cada centro. “Nos encontramos con situaciones que se deberían regular para que todos los centros apliquen las mismas medidas y sepamos lo que hay que hacer”, añade. Por ejemplo, Ruiz se pregunta si un profesor o un jefe de estudios tienen derecho a pedir el móvil a un alumno. “Advertimos a nuestros estudiantes que no traigan móviles al centro porque aquí hay teléfonos para resolver cualquier tipo de necesidad de comunicación externa pero somos conscientes que el móvil es una prótesis para los jóvenes que lo utilizan, incluso, como reloj”, explica a Ical. En todo caso, recuerda que el centro suele abrir uno o dos expedientes disciplinario cada curso por el mal uso del móvil, sobre todo por cuestiones graves como grabar a un alumno o un profesor.
Ruiz alerta de los numerosos problemas que genera el mal uso del móvil entre los propios alumnos que no dudan en “airear” sus conflictos en redes sociales, más allá del propio centro. Pero, sobre todo, hace hincapié cuando los jóvenes toman fotos o vídeos sin permiso de compañeros o profesores. “Aquí los estudiantes reciben charlas de los peligros de difundir contenidos en las redes sociales o en Youtube, por lo que no creo que lo hagan por ignorancia, pero la realidad es que graban lo que no deben y lo suben a un lugar inapropiado. No piensan en que puede ser un delito”, reflexiona este director.
Hay otros centros más permisivos con el uso de los móviles como es el caso del IES Fray Diego Tadeo González en Ciudad Rodrigo (Salamanca), donde también están prohibidos en “todas sus dependencias”, aunque se permite su “buen uso” en la cafetería y el patio durante los recreos. Al igual que en muchos institutos, los padres deberán acudir al centro para recuperar los dispositivos requisados de sus hijos. El reglamento del Instituto Victorio Macho en Palencia recoge que los alumnos tienen prohibido utilizar cualquier procedimiento de grabación y reproducción en todo el recinto del centro, incluso en los recreos y los periodos de pausa. “En caso de incumplimiento, además de retirarles el aparato, se considerará una falta grave”, precisa.
Falta muy grave
En el Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de León, esta grabación se calificará como “falta muy grave”, además de constituir un “delito” y conllevar “responsabilidades penales”. A diferencia de los institutos anteriores, su reglamento señala que ante un “uso indebido” de un teléfono móvil, el profesorado “instará” a su desconexión. Si el alumno se negara “se procederá a la suspensión del derecho a asistencia a clase” y, posteriormente, se decidirá el tipo de amonestación al haber tenido una conducta “contraria a la normas de convivencia”. Eso sí, el documento deja claro que “en ningún caso el profesor podrá requisar el móvil o cualquier otro aparato al estudiante”, a diferencia de otros donde se apunta que “el centro nunca se hará responsable de la posible pérdida, robo o deterioro de esos dispositivos”.
El consejero siempre se ha mostrado partidario de la seguridad del uso de internet porque recuerda que las redes “han llegado para quedarse y no hay vuelta atrás”. En marzo pasado, con motivo de la presentación del programa educativo 'Talleres ControlaTIC' de la Fundación Mapfre, a cargo de la Infanta Elena de Borbón, Rey señaló que los padres y los profesores “deben acostumbrarse” a la hora de negociar el uso de los dispositivos digitales. Añadió que hay adolescentes que se pasan seis horas delante de una pantalla fuera del instituto y los docentes deben tratar que su uso no solo esté relacionado con el ocio y las relaciones humanas.
El consejero recordó que un tercio de los centros educativos de la comunidad ya utiliza pantallas aunque manifestó que el futuro pasa por la escuela digital, sobre todo a raíz de que un plan gubernamental conectará todos los centros con una red ancha, que cambiará la configuración del aula. “El docente tendrá que enseñar de manera diferente sin perder lo mejor de la educación anterior”, subrayó.
Algo que subrayan desde Educación al precisar que el teléfono móvil tiene fines pedagógicos, por lo que los docentes tienen libertad para emplearlos con sus alumnos porque es una metodología que maneja las TIC y es una forma de interacción “muy propia” de los adolescentes.
Preguntado por el número de expedientes disciplinarios relacionados con el mal uso de los móviles en los centros y las aulas de la región, la Consejería explica que la documentación que remiten solo recoge las incidencias sobre la convivencia escolar pero sin entrar al detalle si es por la utilización de este tipo de dispositivos. “Si los centros sancionan a los alumnos o les abren un expediente por el uso de móviles, sólo lo saben ellos y es una información que no se centraliza”, precisa.
Actitudes agresivas y desafiantes
CSIF advierte que los incidentes con los teléfonos móviles suelen acabar en actitudes agresivas y desafiantes del alumno, al ser recriminado por el profesor o al solicitar que entregue el móvil tras un uso indebido en clase. Pone el ejemplo de un docente de la provincia de Salamanca quien contaba la “sorprendente dependencia del móvil”. “Le pedí el móvil a un alumno que lo utilizó en clase, se negó a dármelo, pero también al jefe de estudios y al director. Le temblaban las manos y nos rogaba que no le quitásemos el móvil porque no podía prescindir de él todo el fin de semana. Finalmente se llamó a los padres y su madre acudió enseguida. Nos dio el mismo argumento de que el chico no podía estar desde el viernes al lunes sin móvil. Finalmente, el director pactó con ellos que entregarían el móvil el lunes y se le devolvería el martes”, relató el profesor.
La presidenta autonómica del sector de Educación de CSIF, Isabel Madruga, también es partidaria de “algún tipo de regulación” sobre el mal uso de los teléfonos móvil en los centros. “Los niños tienen cada vez antes un móvil y se ha convertido en una fuente de conflicto”, expresa. Madruga critica que la falta de criterios oficiales relacionados con su utilización no solo afecta a situaciones negativas y violentas por un mal uso sino también a los profesores que reivindican más formación para utilizarlo adecuadamente para fines pedagógicos y académicos.
La responsable sindical señala que algunos centros tienen formación específica en esta materia para docentes pero no está generalizado en la Comunidad. “Un tutor debe saber actuar si hay un acoso entre alumnos en redes sociales o cuando haya insultos a profesores en los grupos de Whatsapp creados por los padres”, precisa. En ese sentido, recuerda la campaña puesta en marcha por su sindicato, a nivel nacional, para exigir a la administración asesoría y apoyo jurídico en casos de acoso en redes sociales; la regulación del uso de móviles en los centros docentes y la formación en el uso de móviles y redes sociales para todos los docentes en horario lectivo. “Vamos un poco retrasados porque internet lleva cerca de 20 años en nuestras vidas”, concluye.
Por su parte, la portavoz del Sindicato de Trabajadores de Enseñanza en Castilla y León (Stecyl), Christina Fulconis, defiende la autonomía de los centros para regular –junto a su comunidad educativa- el uso de los móviles en las aulas, con reglamentos internos que recogen la realidad, el tipo de alumnado y las circunstancias de cada instituto.
Educar en nuevas tecnologías
Aboga por educar más y mejor al alumnado en las nuevas tecnologías porque son una herramienta educativa más. “En su día, a nosotros nos enseñaron a utilizar el ordenador en el aula y ahora tocará con los móviles”, reflexiona. También incide en el trabajo con las familias para mejorar el uso de los dispositivos móviles, que va más allá que los padres sean los encargados de venir a recoger el teléfono requisado por los profesores. “Los compañeros docentes reconocen la dificultad de abordar este tema porque los chavales usan los teléfonos en horario escolar, ya sea para enviar mensajes o hacer fotos, que pueden estar relacionados con el bullying y el acoso, tanto dentro del centro como en el exterior”, precisa.
La representante de Stecyl destaca el trabajo de diálogo con las familias. “Los padres deben educar a sus hijos y hacerles entender que no pueden utilizar el móvil en determinados momentos ni en horario escolar. Parece difícil pero nadie discute que no se pueda jugar al balón en clase”, especifica.