La Audiencia Provincial de León acogerá este lunes, 1 de abril, un juicio por un delito de agresión sexual que sentará en el banquillo de los acusados a un hombre para el que el fiscal pide una pena de cinco años de cárcel. El procedimiento está fijado para las 9:30 horas.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía señala que sobre las seis de la madrugada del 29 de mayo de 2022 el procesado, mayor de edad y sin antecedentes penales, se dirigió a su domicilio con una amiga que «libre y voluntariamente» había accedido a ir a su casa «para dormir con él». Ya en la habitación, estando ambos metidos en la cama, el hombre «la giró, se puso encima de ella y la agarró de ambos brazos impidiéndole la movilidad», según se explica en el escrito. Se colocó de forma que ella no podía «quitárselo de encima» y entonces «la penetró vaginalmente sin llegar a eyacular» y «contra la voluntad expresa» de ella, que «de forma reiterada le manifestó su negativa a mantener relaciones sexuales».
En el relato de los hechos del fiscal se indica también que «no consta» que la mujer sufriera lesiones como consecuencia de los hechos, ni en la zona genital ni en el resto del cuerpo. Sin embargo, sí que acudió a que le prestaran asistencia sanitaria, una gestión que «generó unos gastos a la Gerencia Regional de Salud de León, Sacyl, que reclama por importe de 101,41 euros», tal y como se explica.
La Fiscalía añade, además, que el 13 de junio de 2022 se dictó un auto de medidas cautelares por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de León por el que se prohibió al acusado aproximarse a la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo o estudios o cualquier otro en el que ella se encuentre a una distancia inferior de 200 metros, así como comunicarse con ella por cualquier medio.
Petición de pena
Los hechos, remarca el fiscal, son constitutivos de un delito de agresión sexual del que es autor el acusado y en el que considera que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Por ello, estima que procede imponerle la pena de cinco años de cárcel, la prohibición de aproximarse a ella a menos de 200 metros y de comunicarse por cualquier medio durante un periodo de seos años. A esto añade su libertad vigilada durante seis años y su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven un contacto regular y directo con personas menores de edad durante diez años.
Perjuicios y asistencia
Por último, en concepto de responsabilidad civil, solicita que el procesado indemnice a la víctima en la cantidad de 1.500 euros por los perjuicios causados y al Sacyl en los 101,41 de la asistencia médica.