La Audiencia Provincial de León celebrará este miércoles y jueves, 21 y 22 de febrero, un juicio por tres delitos de agresión sexual a una menor de 16 años, un delito de violencia de género y doméstica en su modalidad de maltrato habitual y otro más de violencia de género-maltrato físico. Un acusado se sentará en el banquillo por todos ellos, mientras que otros cuatro lo harán por el de violencia de género y doméstica en su modalidad de maltrato habitual. El juicio está previsto que arranque a las 9:45 horas durante las dos jornadas y en él el fiscal pedirá una pena de hasta 37 años de cárcel para el principal acusado y de tres años de prisión para cada uno de los otros cuatro procesados.
En sus conclusiones provisionales la Fiscalía señala que el principal acusado mantuvo una relación sentimental de pareja con una menor de edad desde aproximadamente el mes de mayo de 2017 y que convivieron hasta en tres localidades diferentes. Afirma también que pese a conocer la edad de la chica, «guiado por el ánimo de satisfacer ilícitamente su apetito sexual mantuvo en al menos tres ocasiones relaciones sexuales con penetración vaginal con la menor». Fruto de ellas nacieron dos niños y una niña. «La menor de edad no estaba capacitada para prestar un consentimiento válido para mantener relaciones sexuales con un hombre adulto», incide el fiscal.
De la misma manera, en su escrito previo al juicio, la Fiscalía remarca que durante el tiempo que duró la convivencia con la joven el resto de los procesados, «integrantes todos ellos del clan familiar», «sometieron a la menor a golpes, insultos y amenazas de modo continuo, profiriendo contra ella de forma habitual expresiones como ‘puta, gorda, hija de puta’, siendo estas expresiones y acciones un mero ejemplo del ánimo denigrante y vejatorio que imponían los procesados en el ámbito doméstico». Todo ello tuvo lugar, dice el fiscal, «en el interior del domicilio común», desde aproximadamente el año 2020 y «de manera reiterada en el tiempo», con el objetivo de «quebrantar su salud física y psíquica». «Este acoso deliberado e insistente llevado a cabo por los procesados se deriva de su carácter sumamente violento», explica la Fiscalía, «y se ha ido sucediendo de forma habitual en el seno familiar, produciéndose agresiones físicas que no denunciaba y por las que la perjudicada no fue médicamente reconocida» y sin que se hubiera llegado a interponer hasta ahora ninguna denuncia.
"Clima de violencia"
El fiscal hace referencia en sus conclusiones provisionales a la existencia de un «clima de violencia» que se concretó en diferentes hechos. Uno de ellos ocurrió entre los días 21 y 22 de noviembre de 2021, cuando subraya que el principal acusado propinó a la chica «golpes, puñetazos y patadas» que le produjeron diversas lesiones por las que tuvo que ser atendida y que tardaron en curar siete días. Tres días más tarde, el 25 de noviembre, fue detenido e ingresó en prisión provisional, situación que mantiene a día de hoy. El juzgado acordó también, con carácter cautelar, ordenar que se le prohiba aproximarse a la chica a una distancia no inferior a un kilómetro, así como comunicarse con ella por cualquier medio. Fue la víctima –que actualmente se encuentra tutelada por la Junta de Castilla y León– la que, asistida por su representante legal, al ser menor de edad, formuló la denuncia de los hechos el 25 de noviembre de 2021 en el cuartel de la Guardia Civil.
Para la Fiscalía lo relatado constituye tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años, un delito de violencia de género y doméstica en su modalidad de maltrato habitual y uno más de violencia de género-maltrato físico en el que concurre la agravante de reincidencia. El principal acusado, dice, es autor de todos ellos, mientras que los otros cuatro procesados del de violencia doméstica-maltrato habitual. Por ellos, pide para el primero una pena de hasta 37 años de cárcel y para el resto de tres años de prisión en cada caso.
La pena de 37 años de cárcel la desglosa de la siguiente manera: 33 años por los tres delitos de agresión sexual (11 por cada uno de ellos), a lo que suma diez años de libertad vigilada, privación de la patria potestad e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por un periodo de 20 años tras la pena de cárcel impuesta. Del mismo modo, añade a esto la prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a mil metros de la joven, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante un tiempo de 10 años una vez cumplida la condena en prisión. Por el segundo de los delitos, el de violencia de género y doméstica en su modalidad de maltrato habitual, reclama al principal acusado –también a los otros cuatro encausados– tres años de cárcel, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cinco años. En este caso, además, también se reclama que se le prohiba aproximarse a menos de mil metros de la joven, de su domicilio y lugar de trabajo, así como comunicarse con ella de cualquier modo durante un periodo de cinco años. Por último, por el tercero de los delitos: violencia de género en su modalidad de maltrato físico, que el fiscal solo atribuye al principal acusado, pide una pena de un año de cárcel. Añade también la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años y la pena accesoria de que se le prohiba aproximarse a la víctima, a su domicilio o lugar de trabajo, a una distancia menor de mil metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años.