Durante la jornada inicial del juicio en la Audiencia Provincial de León, Ángel M. B., el acusado del crimen de Obispo Almarcha el 24 de marzo de 2020 se acogió a su derecho a no declarar. Sin embargo, este jueves sí que ha hecho uso de su «última palabra» para cerrar el procedimiento, y ha asegurado a los miembros del jurado popular que «me arrepiento de todo». «Llevo todo este tiempo muy mal», dijo. «He dejado a mis hijos solos, he perdido a mi hermana y esto para mí es nuevo. Esto nunca me había pasado», indicó antes de señalar que «aquí ha habido muchas contradicciones» y de apuntar que los hechos no le dan igual. En ese momento se dirigió a una de las letradas de la acusación para decirle que es consciente de que «esto es muy fuerte, es muy grave y lo asumo y sé que me van a caer 30 años». Reconoció que «pegó» las primeras puñaladas, pero insistió –como así había defendido su abogada– en que no se acuerda de las demás. «Pido mil disculpas al jurado y a los letrados y digo de corazón que siento mucho todo esto», concluyó tras una pausa. Con sus palabras se cerró el juicio, que queda a la espera de que este viernes se entregue el objeto del veredicto, a las 10:00 horas, a los miembros del jurado para que puedan retirarse a deliberar y concluir si el acusado es culpable o no de los hechos que se le imputan.
Durante este jueves finalizó la fase probatoria con las declaraciones de peritos que realizaron diferentes análisis e informes que permitieron apuntar hacia Ángel M.B. como autor de los hechos y que posibilitaron su detención aproximadamente dos años después del crimen. Tras ello las partes intervinieron para modificar sus conclusiones provisionales o elevarlas a definitivas, así como su petición de penas, y también expusieron a los jurados su valoración de la prueba.
Petición de penas
El fiscal, Luis Antúnez, subrayó que «el acusado propinó todas las puñaladas –hasta 52– a la víctima», María Concepción Truñón Barrero, Conchi, propietaria del bar Bamby de El Ejido, y lo hizo en una zona de la habitación de su vivienda en la que «el paso para salir era estrecho», por lo que «sus posibilidades de defensa se vieron disminuidas». Después se lavó en el cuarto de baño la sangre de ella y la suya propia y antes de dejar el inmueble se llevó 3.000 euros, dejando un sobre con billetes y otros fuera de él por un importe total de 2.200 euros. La Fiscalía, que inicialmente veía en ello un delito de hurto (por el que le pedía 14 meses de prisión), cambió de criterio para concluir que se trató de un delito de «robo con violencia» por el que solicitó para él una pena de cuatro años y seis meses de cárcel que habría que sumar a los 23 años y seis meses que estimó que debe cumplir por el delito de asesinato en el que consideró que «concurre la agravante de abuso de superioridad». Inicialmente su petición era de 22 años por este delito.
Mar Vega, abogada que representa los intereses del hijo mayor de la víctima, realizó también una modificación parcial de sus conclusiones provisionales. Añadió que el acusado «de forma sorpresiva e inesperada atacó a la víctima con la intención de causarle la muerte» y lo hizo en un lugar en el que se encontraba «sola», en su casa, y «en un espacio muy reducido». Destacó que las primeras puñaladas ya fueron «mortales de necesidad», pero que aún así siguió y estando ella aún viva le propinó «hasta 20». El «daño físico y emocional» que le causó, dijo, «son imposibles de evaluar», pero no se puede negar su «gran sufrimiento». Advirtió también que el asesinato lo cometió para llevar a cabo un «robo» en la vivienda de la víctima y que trató de «ocultar la comisión de este robo», que había «preparado», así como su asesinato, «siendo consciente de que si ella quedaba con vida lo podía denunciar» porque lo conocía, ya que era su casera. Reiteró también que estaba «en pleno uso de sus facultades. Era consciente y quería causar un sufrimiento inhumano a la víctima» y para ello «quiso llevarla a un lugar en el que ella no pudiera defenderse ni escapar de ningún modo». Además, advirtió que «no ayudó al esclarecimiento de los hechos» y que durante los dos años que pasaron hasta que pudo ser detenido «dio informaciones falsas para despistar». Respecto al dinero que se llevó de la vivienda consideró que se trata de una «cantidad indeterminada» porque pudo ser más de esos 3.000 euros a los que se ha hecho referencia. Respecto a la petición de penas, solicitó 25 años de prisión por el delito de asesinato y cinco años más por el robo con violencia.
Beatriz Llamas, abogada de la pareja sentimental de la víctima, añadió que en el delito de robo con violencia concurre el «allanamiento de morada», adhiriéndose en el resto a la letrada que la precedió en el uso de la palabra y tanto Enrique Arce, que representa los intereses del hijo menor de la víctima, como la defensa del acusado elevaron a definitivas «íntegramente» sus conclusiones provisionales y peticiones de pena, la última haciendo hincapié en que el delito cometido fue el de «homicidio», no asesinato.
«Los hechos se han probado de forma clara y contundente. El acusado es el autor de la muerte de Conchi», explicó el fiscal, que subrayó que a lo largo del juicio tampoco se han acreditado «circunstancias favorables» a Ángel M.B.. Defendió la existencia de «abuso de superioridad» por la «desproporción real entre el agresor y la agredida», que tenía «limitadas sus posibilidades de defensa y de huida», aunque consideró que no «anuladas». Estuvo de acuerdo en que hubo ensañamiento porque en el ataque hubo una «violencia y crueldad exagerada. Son pocos los homicidios o asesinatos con esa cantidad de puñaladas. 19 con vida». «Una persona perdió la vida. Costó trabajo esclarecer quién había sido el autor y se debe hacer justicia a la víctima», pidió a los miembros del jurado popular.
La abogada del hijo mayor de Conchi destacó la «frialdad, crudeza y salvajismo» de la escena. «Señores, esa fue la realidad, lo que Conchi vivió y lo que su hijo vio. La labor de la pena no es la venganza, es impartir justicia y evitar a la sociedad esos males. Les pido que analicen los hechos y piensen que cualquiera puede ser Conchi», advirtió, y recordó que la mujer del acusado declaró que él y otra persona «habían preparado darle un palo a Conchi», robarle dinero, de forma que vio invalidado el argumento de la defensa de que Ángel M.B. «perdió el control» porque Conchi iba a «tirarle del piso», a echarle, y afirmó también que él tenía «todas las rentas abonadas», que «Ángel pagaba».
La letrada de la pareja de la víctima hizo hincapié en el allanamiento de morada, en que entró a la vivienda «sin permiso», y consideró que lo ocurrido al acusado le da igual. «Se codicia lo más cercano y lo más cercano era Conchi», dijo. Se negó también a considerar que el acusado es una persona «normal». «Son 52 puñaladas con una ira descomunal. Tiene que responder por ese crimen. Fue una carnicería porque quiso, para provocarle mayor sufrimiento. Siguió hasta que se agotó. No tiene ninguna conciencia, ninguna humanidad», señaló. El letrado del otro hijo habló de «absoluto desprecio por la vida humana» y de una preparación «minuciosa y deshumanizante». «No puede quedar impune porque la realidad es extrema», zanjó. Por su parte, la defensa del acusado advirtió que él reconoció los hechos y que actuó porque «perdió los nervios», «perdió el control. Podrían haber sido no 52 puñaladas, sino 152» y aseguró que el arma utilizada «no es un arma blanca, es una sencilla navaja que él llevaba en el bolsillo para pelar cables». «Negamos que él haya entrado con intención de quitarle la vida o su patrimonio».