Los afectados por el PTR de Carrizo toman medidas

Los afectados por el Punto de Transferencia de Residuos de obras menores (PTR) que se ha emplazado en las inmediaciones del Puente de Hierro de Carrizo toman medidas ante lo que consideran una práctica poco ortodoxa para una corporación de derecho público como es el Ayuntamiento. Aseguran que la instalación de esta escombrera estaba proyectada para el barrio de Las Huergas, si bien, añaden, «en el momento en el que los operarios y máquinas fueron a despejar el terreno, salieron los vecinos y les sacaron de allí. También vivía allí un concejal...», relata Montserrat Prado, una de las vecinas –y titular de un inmueble– del barrio en el que finalmente se ha ubicado el PTR,que añade que «pasa el tiempo y los vecinos nos encontramos con que se va a construir, sin previo aviso, a la orilla del río; sin aprobación en pleno ni en comisión de obras. Sabemos que esta actividad está clasificada como molesta y compete a la autoridad pasar un aviso a los posibles afectados para que puedan manifestar lo que estimen oportuno, pero no se ha hecho», sentencia.

Estos vecinos alegan, además, que pese «a estar sujeta a los linderos de loque se considera el cauce del río, el Ayuntamiento no ha exhibido ningún documento a la comisión de aguas que permita la construcción de nada».

Asimismo, y haciendo alusión a la subvención que la Diputación concedió al Ayuntamiento y con la que se llevó a cabo la actuación, señalan que la obra «estaba proyectada para el barrio de Las Huergas para el mes pasado de julio, pero no había un tiempo limitado de construcción. Además, después de indagar, resulta que estos terrenos los donó Confederación al Ayuntamiento para uso deportivo o jardines».

En lo que respecta al Seprona, al que en su momento dieron aviso y se posicionó, según el alcalde, a favor de esta actuación, agregan que «es un organismo oficial. Si se manifiesta con que esa obra sea la posible ubicación de un PTR, que lo dejen por escrito, con sello y firma».

Los afectados sostienen que la primera medida que han tomado es acudir al Consistorio a que les faciliten la documentación oportuna, pero manifiestan que no se les ha proporcionado. «El Ayuntamiento lleva un tiempo, a nivel interno y con algunos ciudadanos, prodigándose en que no tengo que facilitarte nada ni darte nada. Es una corporación de derecho público. Está bien que lo tengamos que solicitar por escrito, pero nos lo tienen que dar», insisten. Entienden que «no son los cauces» por los que se tiene que regir la institución pública, por eso han ido un paso más allá. En primer lugar, los afectados han pedido una reunión con el alcalde del municipio para abordar la situación. Un encuentro al que acudirán, en principio, dos portavoces con su representante legal, que ya está trabajando sobre el tema. También dejan claro que se reservan «todo tipo de actuaciones judiciales para reclamar la justicia que se nos tienen que dar, porque entendemos que hay oscuridad en este asunto».De hecho, no descartan, incluso, interponer una «querella al regidor por prevaricación, porque no ha habido ni publicación».

Por último, también sustentan sus argumentos aludiendo a que «el Ayuntamiento cuenta con 600 hectáreas de campos propios, tiene que haber sitios mejores para ubicarlo e incluso para que se gestione mejor. Porque la experiencia que tenemos nos dice que esto al final se va a acabar convirtiendo en un vertedero puro y duro. Cuando esté cerrado, la gente dejará las cosas en la calle, como pasa en el actual. Y no solo afecta a los titulares de los solares y viviendas anexas, sino que puede afectar a todo el barrio, a más de 80 personas. Porque esto conlleva ratas, basura… y en una de las caras visibles de este pueblo. En el barrio estamos de uñas», explican. 

Los vecinos afectados, sin embargo, concluyen que «no queremos conflicto con la corporación, pero no es plato de gusto y hay otros lugares mejores para esto, solo es cuestión de esforzarse un poco».