Continuando con el orden del día, se aprobó también por unanimidad la aprobación de declaración responsable por parte del Pleno de contar con la autorización escrita de disponibilidad de terrenos o inmuebles objeto de la subvención solicitada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 20/22 para las reservas de biosfera de Castilla y León por parte de las juntas vecinales incluidas en las actuaciones presentadas por el Ayuntamiento, por un importe total de 299.942 euros. Se trata de un proyecto solicitado con diferentes intervenciones que contempla la adecuación de las balsas de decantación mineras para lagunas de pesca en Santa Lucía, así como otro tipo de actuaciones como limpieza y desbroces del Camino Olvidado en La Vid-Buiza, el Camino de San Salvador en Buiza, La Pola y Nocedo, la ruta de las trincheras en Nocedo, la ruta Alceo, el tramo perirubano en Geras, así como la inferfaz de Nocedo y Peredilla.
Desde el PP Castañón argumentó el voto de su grupo a favor indicando que «es una iniciativa singular y hay que apoyarla y aprobarla, son un tipo de iniciativas que pueden hacer diferente nuestro municipio, y es una pena que no todas las juntas vecinales participen». IU también se mostró a favor, apuntando Cervantes que «por lo que vemos en la memoria presentada se cuenta con la autorización de las juntas vecinales, así que mi voto es favorable». La leonesista Sara Herrero aseguró que «mi voto también es favorable, me hubiese gustado que hubiésemos tenido conocimiento de ello ya en agosto, que fue cuando se presentó esta memoria, pero nunca es tarde aunque hayan pasado tres meses».
La sesión continuó con la aprobación de la inclusión en el inventario municipal de los bienes adquiridos de la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa. Un punto que salió adelante con el ‘sí’ de PSOE, PP y UPL, y la abstención de la concejala de IU. Para los populares esta aprobación es «un trámite legal absolutamente necesario, y que una vez que está hecha la escritura de compra-venta, el siguiente paso es ese, y que se haga de la manera más rápida posible para que surta efectos legales a la hora de poder sacar a subasta, a concurso, o utilizar para los fines que el Ayuntamiento entienda que es necesario». Leticia Cervantes (IU) intervino para dejar claro que «me abstengo, al igual que me abstuve en la compra, la decisión fue vuestra». Herrero (UPL) apuntó que «voy a votar a favor, tengo aquí un informe en el que se proponía acordar anotar la adquisición en el inventario municipal de bienes, al efecto de actualizarlo una vez finalizada la adquisición, voy a seguir con el mismo criterio».
Plan antifraude
La sesión prosiguió con la aprobación por unanimidad del plan antifraude. Los populares valoraron positivamente este plan, diciendo que «muchas cosas en el funcionamiento administrativo, que en el funcionamiento de las administraciones públicas tiene que adaptarse a la hora de tomar decisiones políticas de adjudicación, de sacar a concurso… y sobre todo porque es una condición indispensable para poder recibir fondos europeos. Es un reto que le lanzamos al Equipo de Gobierno, lo que espero es que se reciba algún tipo de fondo europeo y que veamos algún tipo de inversión, porque hay ayuntamientos de esta provincia que están recibiendo cantidades importantes».
Desde IU Leticia Cervantes acogió bien esta propuesta, recordando que «la ley exige transparencia a las administraciones públicas, y este pilar fundamental lleva brillando por su ausencia en este Ayuntamiento desde que el Equipo de Gobierno socialista entró en la Alcaldía con división de planes provinciales para no sacar a concurso las obras, contratos menores para entregar a dedo servicios que os interesan, años sin presentar la cuentas haciendo gastos no incluidos en ninguna partida presupuestaria…. por eso no puedo estar más de acuerdo con este plan antifraude y espero que la formación que nos impartan les ayude a ver la importancia de la transparencia en las instituciones y que podamos ver esos informes y actas de la comisión antifraude». Sara Herrero (UPL) aseguró que «considero que es importante aprobarlo y, más aún, cumplirlo».
Facultad de medicina
Durante la sesión se abordó una moción presentada por la UPL para que se exija a la Junta de Castilla y León la implantación de la Facultad de Medicina en la Universidad de León, que fue apoyada por unanimidad. Herrero defendió la propuesta argumentando que «es una vieja reivindicación que con el paso del tiempo no solo no se diluye, sino que se ha incrementado. Tras vivir una situación de pandemia mundial, a lo que se suma la evidente falta de personal, y pese a contar con dos facultades de medicina en Castilla y León que son Salamanca y Valladolid, sigue habiendo cada año un excedente de alumnos que se ven obligados a tener que desplazarse fuera. El recorte en el gasto sanitario es lo que está generando la huida de los profesionales a otros países por las malas condiciones laborales. Los beneficios que reportaría a la sanidad leonesa la creación de una Facultad de Medicina en León son clave para el futuro de la provincia, pues pasan por la fijación de población, mejoraría globalmente la calidad asistencial en la provincia y optimizaría y ampliaría los recursos ofertados actualmente en los hospitales de León y El Bierzo, incrementaría de forma notable la investigación sanitaria en nuestra provincia y paliaría el déficit de profesionales en algunas especialidades en los consultorios médicos».
Otras mociones
El orden del día incluía el debate y votación de otras mociones. La primera de ellas presentada por el PSOE, insta a la Junta de Castilla y León a que incluya en los nuevos presupuestos de 2023 un incremento en la participación de los municipios en los ingresos de la comunidad de al menos un25%, y que dichos fondos asignados a los ayuntamientos puedan ser transferidos a los mismos de manera anticipada y que no sean condicionados para que puedan ser empleados en los gastos corrientes. Fue aprobada por PSOE e IU. La segunda moción, también de los socialistas, pide a la Junta la reprobación del Juan García-Gallardo, solicitando la destitución inmediata del mismo como vicepresidente de la Junta de Castilla y León. La propuesta fue aprobada por PSOE, IU y UPL. Los populares condenaron las declaraciones de García-Gallardo, pero prefirieron no votar. La última fue una moción de los populares para solicitar al Gobierno de España la no revisión del delito de sedición que fue rechazada con los votos de PSOE e IU en contra.