La Junta condiciona las ayudas a que Embutidos Rodríguez y Servicarne definan su proyecto

La Junta ha devuelto la pelota a Servicarne y a Embutidos Rodríguez. Ambas empresas habían condicionadoel futuro de los trabajadores a las ayudas que les pueda dar la Junta, dejando la pelota en el tejado de las Administración autonómica. Sin embargo, tanto la Junta como la UGT han exigido a la cooperativa y a la empresa que definan los proyectos antes de comprometer las subvenciones. Un extremo que también apoyan los trabajadores, que critican la «incertidumbre» en la que les mantienen Servicarne y Embutidos Rodríguez que, a pesar de haber mostrado públicamente su apoyo públicamente a los autónomos, por el momento no ha informado de las gestiones que está realizando.

En cuanto a las condiciones necesarias para que se aporten las ayudas, se le exige a la cooperativa que garantice el empleo de los cooperativistas y a Embutidos Rodríguez que asegure que dentro un año tendrá actividad en la planta y qué concrete en qué van a consistir las obras de reconstrucción. Por último, una de las condiciones más importantes –que obligó a modificar las propuesta aprobada el pasado miércoles en Las Cortes– es la necesidad de revertir la situación laboral de los trabajadores y que la mayoría pasen a ser indefinidos –de los 400 empleados, 280 eran autónomos–. Con ello se pretende dotar a la plantilla de estabilidad y calidad en el futuro.

Entre tanto, Servicarne ha trasladado a otros mataderos en Tudela (Navarra), Porriño (Pontevedra), Lugo y Ejea de los Caballeros (Zaragoza) a parte de sus socios. Unos traslados que, según las fuentes consultadas por este periódico, en algunos casos pueden «bordear la ilegalidad». De hecho, pueden suponer el cese como cooperativista de forma voluntaria, con la consiguiente pérdida de derechos. «Hay que mirarlas con lupa», explican las fuentes consultadas, que abogan por otras soluciones.

Una de ellas pasa por que Servicarne conceda excedencias forzosas –que estarían contempladas tanto en la Ley de Cooperativas como en los propios estatutos que firman los cooperativistas al entrar– o, directamente, despidos con la consiguiente liquidación. De este modo, muchos de los trabajadores que en este momento no saben a qué atenerse podrían aclarar su futuro porque los traslados propuestos por la empresa en muchos casos «no compensan, sobre todo a quien tiene aquí su familia, su hipoteca...».

Por otra parte, hasta la fecha, los trabajadores no han recibido más ayudas que el pago de la cuota de autónomos de mayo. Un único pago, que no resuelve las situaciones más críticas, a pesar de que los socios trabajadores de Servicarne están obligados a realizar un pago de 50 euros cada mes como «cuota social obligatoria». Un pago que Servicarne ha querido aclarar a través de un comunicado en su página web recordando «que los 50 euros de cuota están íntegramente destinadas al funcionamiento interno de la cooperativa y, tal y como indica el artículo 25 de los estatutos, en ningún caso es reembolsable». Los trabajadores han solicitado que se emplee ese fondo para garantizar unos ingresos mínimos a los afectados, pero Servicarne no responde, solo asegura disponer de un fondo de 300.000 euros para ayudas a los trabajadores que deberían empezar a llegarles a lo largo de este mes y se mantendrían hasta mayo de 2017. Sin embargo, matizan que hasta que la Junta no dé una respuesta sobre las ayudas no moverán ficha y que solo entonces «veremos cómo se reparten de Servicarne de la forma más solidaria y justa». En cuanto al reparto, Servicarne explica que «todas las ayudas serán gestionadas y controladas por el Consejo Rector».

En este contexto, la parte social y especialmente UGT critican el hermetismo de Servicarne –que ha tenido numerosos conflictos laborales en otros puntos de la geografía española– y las fuentes consultadas critican que están «manejando por detrás, tratando de incentivar las bajas voluntarias». Pero los agentes sociales no son los únicos que se muestran insatisfechos con la gestión de la crisis que está realizando la cooperativa. Los trabajadores en bloque cuentan ya con un abogado para asesorarles tanto sobre las propuestas de empresa y cooperativa, como sobre las posibilidades con las que cuentan legalmente para resolver su situación.