La Fiscalía investigó en 2016 siete delitos contra la Hacienda Pública pero ni uno solo llegó a juicio

La RAE define la corrupción como "la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". El Código Penal no contempla ningún apartado específico de delitos de corrupción, pero sí de delitos contra la Administración Pública, que es donde se enmarca el cohecho, la malversación, los fraudes y exacciones ilegales, las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función. En los últimos años, la corrupción política ha generado muchas páginas y horas de información, las imputaciones (ahora investigaciones) han llegado a todos los rincones del país, y sin embargo son muy pocas las condenas que, a día de hoy, se conocen por estos hechos.

La Fiscalía Provincial de León abrió diligencias el pasado año por once presuntos casos de malversación (ocho), cohecho (1) y estafa o fraude de prestaciones de la Seguridad Social por autoridad o funcionario público (2) –además de otros 34 por prevaricación administrativa–. Sin embargo, no se calificó para juicio ni un sólo caso.

Según la última estadística de Actividad del Ministerio Fiscal publicada por el Consejo General del Poder Judicial, lo mismo sucedía en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, con siete investigaciones abiertas (cinco por defraudación tributaria y dos por fraude de subvenciones) y cero calificaciones para juicio.

Las diligencias previas no siempre derivan en enjuiciamiento, puede ser que tras la investigación la justicia decida archivar el caso; pero en el supuesto de este tipo de delitos no hay ni uno sólo que termine por sentar en el banquillo a los acusados. Cabe señalar, eso sí, que las diligencias pueden abrirse un año y dilatarse hasta el siguiente, pero lo que refleja esta estadística es que investigaciones sobre malversaciones, supuestos cohechos o defraudaciones tributarias... sí que hay, pero lo que no hay son juicios ni sentencias.