La fecha de la comparecencia del alcalde deja en suspenso la comisión sobre la trama Enredadera

Este miércoles se ha celebrado una nueva reunión de la comisión que analiza las repercusiones políticas de la Operación Enredadera en el Ayuntamiento de León. Pero no está claro cuándo se celebrará la siguiente. Estaba prevista para el día 5 de febrero, pero la falta de acuerdo entre PP y Ciudadanos sobre el listado de comparecientes ha dejado en suspenso la actividad de la comisión.

La clave del desacuerdo está en la fecha de la comparecencia del alcalde de León, Antonio Silván. En este sentido, el equipo de gobierno proponía que acudiese a la siguiente reunión junto con la secretaria general del Ayuntamiento, el interventor, la jefa del servicio de Contratación y el que fuera presidente de la Mesa de Contratación, el edil de Ciudadanos Justo Fernández. Desde las filas populares defienden que es el momento de que comparezca el regidor, puesto que ya se ha completado el examen de los 20 contratos que la Udef se llevó del Ayuntamiento de León en el marco de la Operación Enredadera.  

Mientras, la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, se ha mostrado en desacuerdo con esta fecha y ha considerado que la de Silván debería ser la última comparecencia. Ello pese a que sólo faltarían las declaraciones de ediles y técnicos que nada han tenido que ver con los expedientes que se han visto implicados en el marco de la Operación Enredadera.

En la reunión de este miércoles ha comparecido el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Seguridad y Movilidad, Fernando Salguero, quien ha defendido la legalidad de la adjudicación del contrato para la gestión del tráfico y ha negado haber recibido presiones de ningún tipo sobre la tramitación del mismo. Ha hecho hincapié en que la UTE en la que participaba una de las empresas investigadas (Gespol) quedó tercera en el concurso. "No recuerdo si me reuní con algún representante de esta empresa, pero tampoco lo puedo negar, porque es habitual mantener contactos con las compañías que están interesadas en las licitaciones", ha afirmado Salguero antes de defender una vez más la legalidad de todo el proceso.