«Los caprichos de la señora han llevado a unos gastos tremendos, en la mayoría de los casos para defender su ego, pero con dinero de todos». El que habla así es el veterano diputado provincial Matías Llorente (UPL), y se refiere a quien fuera presidenta de la institucional provincial entre julio de 2007 y el 12 de mayo de 2014, fecha en que fue abatida a tiros en plena calle por la madre de una extrabajadora de la institución provincial a quien la también presidenta del Partido Popular de León «hacía la vida imposible», según sus propias palabras.
Desde la bancada socialista, después en el grupo de los no adscritos y ahora en las filas de UPL, Llorente lleva años denunciando un secreto a voces del que nadie más en el Palacio de los Guzmanes se atrevía a hablar sin tapujos, la disparatada política de Personal que Carrasco y su equipo llevaban a cabo, que traía consigo un «despilfarro de dinero público por capricho».
Castañón: «A partir de ahora nuestro objetivo es no tener que recurrir a los órganos judiciales» El 16 de abril del año pasado, apenas unas semanas antes de que Carrasco fuera asesinada, Llorente volvía a poner contra las cuerdas a la presidenta en un pleno al denunciar una nueva ampliación de crédito de 400.000 euros para sufragar gastos relacionados con la defensa de la Diputación de León en 93 causas judiciales. «No sabríamos contestar por qué tenemos tantas», respondió en un tono más sereno de lo habitual la dirigente popular, que aseguró que «muchísimas de estas causas abiertas se corresponden a mandatos anteriores a nuestra toma de posesión», un extremo que desmienten los datos.
Decenas de casos de acoso laboral
Es un hecho. Nunca antes en la historia de la institución provincial se había tenido que sentar en el banquillo de los acusados en tantísimas causas, muchas de ellas relacionadas con el acoso laboral que un sinfín de trabajadores denuncian haber sufrido . Por citar algunos de los casos más sonados, el del interventor titular, que durante años fue ‘apartado’ por Carrasco al torreón; el de la tesorera, a quien la todopoderosa Carrasco se empeñó en cesar en 2012 pero hubo que indemnizar con 44.829 euros en abril de 2014; o las decenas de denuncias planteadas por los miembros del Servicio de Atención a Municipios (SAM), muchas de las cuales siguen pendientes en los tribunales, que deben dilucidar ahora si, como reclaman los funcionarios, hubo políticos que se excedieron en sus funciones y colocaron ‘a dedo’ a trabajadores afines en puestos que no les correspondían.
Llorente: «Sería más barato tener un servicio jurídico propio, tanto para los pleitos como para asesorar» Los reportajes de investigación de la revista ‘Interviu’ han visto estos años cómo León y los habitantes de su Diputación se convertían en un filón capaz de vender miles de ejemplares en todo el país gracias a los escándalos que desde la casa de los pueblos se lograban acallar en los medios de comunicación locales y regionales a golpe de talonario. Especialmente llamativos fueron el caso de las dietas que ‘la mujer de los 12 sueldos’ cobró indebidamente en Caja España –el famoso ‘caso de los kilometrajes’ que estaba a punto de sentarla en el banquillo cuando fue asesinada–; o la polémica oposición en que 40 auxiliares administrativos lograron plaza de funcionario en la Diputación en 2009 –en su mayoría, familiares de distintos cargos del PP, que ‘obtuvieron’ un 10–, una batalla judicial que zanjó el TSJ tras la denuncia de siete opositores y que ocasionó muchos gastos judiciales a la Diputación.
«Sería más barato tener un servicio jurídico propio en la institución, tanto para los pleitos como para asesoraren la casa», considera Matías Llorente.
Desde el equipo de gobierno actual (PP), renovado en parte, Francisco Castañón, el portavoz, asegura que desde la llegada al Palacio de los Guzmanes del equipo de Juan Majo cuentan «sólo» con los servicios externos de un abogado y un procurador. «Nuestro objetivo es no tener que recurrir tanto a los órganos judiciales, hay demasiados juicios abiertos y no queremos que sean la norma a partir de ahora».
Los números hablan por sí mismos: desde 2011, 280 juicios, 169 de ellos por temas de Recursos Humanos, según fuentes de la Diputación. En el último pleno, el 30 de septiembre, se aprobó una nueva modificación de crédito de 50.000 euros para hacer frente a los gastos de asuntos judiciales hasta que termine 2015.