Seis años de cárcel es la pena que el fiscal solicita para un hombre que se sentará este miércoles, 8 de mayo, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León por un delito de abuso sexual. El juicio está fijado para las 9:30 horas y en sus conclusiones provisionales la Fiscalía remarca que el procesado, mayor de edad, se encontraba sobre las 1:30 horas del día 17 de agosto de 2019 en el domicilio de la denunciante, en León capital. La conocía desde finales de 2018 y entre ambos había habido de forma previa «relaciones sexuales esporádicas consentidas».
En su escrito, el fiscal subraya que «aprovechando que ambos estaban en la cama desnudos y ella estaba en estado de embriaguez», él actuó «en contra de su voluntad», «intentó penetrarla y, al no conseguirlo, se enfadó y comenzó a morderle y pellizcarle los pechos, brazos y abdomen, le dio la vuelta y le golpeó con las manos en los glúteos y muslos, le metió varios dedos o la mano entera en el ano y a continuación en la vagina diciéndole ‘me has ensuciado los dedos con tu mierda’, si bien se alejó de ella cuando esta le apartó con sus piernas, dando patadas y empujones», expone el fiscal en su relato.
Como consecuencia de estos hechos, se afirma que la mujer «sufrió sepsis de origen urinario por escherichia coli multisensible con agravamiento de su anemia crónica que precisó tratamiento médico y para cuya curación invirtió siete días de ingreso hospitalario».
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual y que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Por ello solicita para el acusado una pena de seis años de cárcel. Del mismo modo, interesa que se le imponga la prohibición de aproximarse a la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que se encuentre a una distancia inferior a 500 metros y la prohibición de comunicarse o relacionarse con ella por cualquier medio por un periodo de tres años superior a la pena de prisión. Suma a esto la petición de libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la pena y que se haga cargo de las costas derivadas del procedimiento, así como de una indemnización por «daños morales» a la víctima a la que deberán añadirse los intereses legales oportunos.