IU lleva al fiscal el ‘secuestro’ de las piscinas tras más de un año

La concejala de IU en San Andrés del Rabanedo y candidata por la coalición en este Ayuntamiento del alfoz anunció ayer la presentación de una denuncia ante la Fiscalía para que investigue si hay un posible delito en la actuación del equipo de gobierno presidido por Gregorio Chamorro y se compruebe si "la actuación del alcalde incurriese en algún ilícito penal y a efectos de que se depuren las responsabilidades correspondientes", apuntó la edil de Izquierda Unida

Terrón resalta que "el mantener estas instalaciones deportivas es obligatorio para un municipio de más de 20.000 habitantes", de ahí que sea una prioridad que sigan abiertas después de que estuvieran cerradas desde el 1 de enero de 2014 hasta que se reabrieran en julio ya con personal municipal y algunos servicios subcontratados.

La concejala de IU recordó que "este servicio fue contratado desde el año 2005 con la empresa Gexin mediante un contrato administrativo", que hasta el 31 de diciembre de 2013 sufrió "diversos avatares". "La empresa cerró las instalaciones en septiembre y dejó sin servicio a la ciudadanía de San Andrés. Las reabrió en octubre y las volvió a cerrar en diciembre del 2013 de una manera sorpresiva", añadió la edil de IU.

Una situación que obligó al Ayuntamiento a tomar la decisión de «no aceptar la resolución unilateral del contrato, es decir, el cierre de la empresa, advirtiendo a la misma que estaba incurriendo en un incumplimiento grave de sus obligaciones, y requiriéndola para que reanudara la gestión y mantenimiento de las instalaciones en diez días», apuntó Terrón, algo que se aprobó en un pleno el 30 de enero y que derivó días después en un ‘secuestro’ del contrato, es decir, el inicio de la gestión municipal de las piscinas de Trobajo y San Andrés mientras se dirimía desde los servicios jurídicos cómo finalizar el contrato firmado entre Gexin y el Ayuntamiento de San Andrés.

A la vez, los 17 trabajadores que la concesionaria vivían una situación difícil ya que no fueron despedidos pero tampoco podían trabajar, por lo que decidieron denunciar tanto a la empresa como al Consistorio, algo que finalmente se ha resuelto con otras tantas sentencias de tres juzgados de lo Social de León en las que se obliga al Ayuntamiento a readmitir a los empleados o indemnizarles con una cantidad de entre 12.000 y 14.000 euros por persona, opción esta última que se está planteando el Consistorio del alfoz.

Terrón expone también como base de su denuncia ante la Fiscalía que el "secuestro administrativo del contrato fue con un plazo inicial de un año", un tiempo que se cumplió el pasado 12 de marzo y desde entonces sigue en la misma situación, con trabajadores municipales, otros provenientes de subvenciones del Ecyl y programas de inserción social y la subcontratación de algunos servicios como los socorristas y los monitores del gimnasio.

Chamorro expuso ayer a este periódico que actualmente "se están tramitando en los servicios técnicos cómo se va a solucionar". De hecho, el regidor popular explicó "aunque se pusiera de plazo un año para resolver el ‘secuestro’, como no se ha podido en este tiempo, se puede prorrogar tácitamente".Además, aseguró que en alguna ocasión la resolución de este conflicto ha estado a punto de llevarse al pleno para su aprobación, ya que la idea del Ayuntamiento es poder adjudicar de nuevo este servicio a otra empresa que opte a la concesión.

Para la reapertura de las instalaciones el Ayuntamiento tuvo que acometer unas mejoras que supusieron 130.271 euros, que se suma a los cerca de 91.000 euros que costó durante el verano el mantenimiento y la contratación de socorristas y monitores, con unos ingresos de 47.000 euros, lo que supuso aún así un ahorro considerable, ya que la adjudicataria cobraba 400.000 euros al año del Consistorio y no debía entregar nada por las entradas y abonos.