IU exige la dimisión de Gancedo al estar investigada por la Audiencia Nacional

La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de San Andrés, Laura Fernández, ha exigido la dimisión inmediata de la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de León haya emitido un auto informando de que se inhibe en la investigación sobre la ampliación del contrato del agua del Consistorio del alfoz en favor de la Audiencia Nacional. 

La edil de IU ha explicado que se trata de "unos hechos de la máxima gravedad", puesto que tal y como ha recordado, "el Juzgado ha apreciado que la ampliación del contrato del agua formó parte de la estrategia ilegal investigada en la operación Pokemon y desarrollada en diferentes ayuntamientos de Galicia y Asturias". Hay que recordar además que en el auto del juez se especifica que existen "semejanzas" y el mismo "modus operandi" entre la forma de proceder de la empresa adjudicataria en San Andrés y en los consistorios investigados.

IU, que es el partido que llevó este asunto a la Fiscalía de León, donde se vio un presunto delito de prevaricación y por eso lo elevó al Juzgado de Instrucción, ha apuntado que además de estar investigada María Eugenia Gancedo, también lo están otras tres concejalas que formaban parte del equipo de gobierno de la regidora socialista en el momento en el que se amplió el contrato, Patricia Fernández, María Concepción Rodríguez Carús y Ana María Herrero. 

Fernández ha acusado además a Gancedo de "dañar al municipio de San Andrés del Rabanedo y a sus ciudadanos”, de ahí que reclame su dimisión, a la vez que se ha preguntado si la alcaldesa "ha dado traslado a la comisión ejecutiva federal del PSOE de la acusación existente contra ella, en cumplimiento del punto 11 del Código Ético" del partido. También ha mostrado su extrañeza por que "haya concejales de otros partidos políticos que la sigan apoyando", en clara alusión al edil del PAL-UL, Francisco Gómez, que en su momento llevó este asunto a la Fiscalía pero finalmente lo retiró tras un pacto con la empresa y el exalcalde, Gregorio Chamorro. 

El contrato del agua investigado ahora por la Audiencia Nacional fue rubricado en 2010 con la mayoría del PSOE y supuso ampliar quince años más el que estaba en vigor (que iba a finalizar en 2031 y lo hará en 2046), además del incremento de las tasas en un 79 %, aunque hasta este año no se ha materializado, por lo que el Ayuntamiento tendrá que pagar cerca de seis millones del déficit acumulado durante estos ejercicios tras una sentencia judicial ante la denuncia de Aquona. La ampliación del contrato permitió que el Ayuntamiento recibiera dos millones de euros para "unas supuestas obras urgentes que seis años después nunca se han ejecutado", según recuerda IU.