La consejera de Agricultura del Gobierno autonómico, Milagros Marcos, presentó este martes el acuerdo, en el que se exige un estudio del impacto económico «colateral» que producirá en el sector este tributo. Marcos destacó que «no se puede demonizar el azúcar» y sentenció que el manifiesto, que este miércoles debería estar acompañado de un acuerdo en las Cortes autonómicas en defensa del sector y será trasladado al Gobierno de España, pretende «actuar de forma inmediata para poder evitar el posible impacto de esta medida».
Marcos estuvo acompañada por los presidentes de Asaja, Donaciano Dujo; Urcacyl, Gabriel Alonso; Acor, Juan Carlos Rico; y CVE, Ángela de Miguel, en representación de Cecale; el coordinador de La Alianza Aurelio González; y el consejero delegado de Azucarera Ibérica, Juan Luis Rivero.
En su exposición, la consejera precisó que España importa 800.000 toneladas de azúcar y si este producto llega más barato «tendremos muchos problemas para dar salida al que se produce aquí». Así, abogó porque se compense el impacto de este impuesto si en otros países se puede producir azúcar mucho más barato.
El peor momento posible
Milagros Marcos recordó que en Castilla y León se produce el 85 por ciento del azúcar de España, en cuatro molturadoras, de las cinco que operan en el conjunto nacional; y advirtió de que gravar este producto llega en el peor momento posible, cuando el sector se enfrente a un cambio inminente derivado del fin de las cuotas de producción en Europa. La consejera indicó que todos los firmantes del acuerdo asumen que sería positivo afrontariniciativas tendentes a un consumo moderado. «No es entendible que una medida recaudatoria sea la única vía para conseguir la reducción de consumos abusivos y favorecer hábitos saludables», dijo.
Marcos resumió que este manifiesto pretende en primer lugar que se reconsidere el impuesto y sino es así, que su recaudación se destine a compensar las pérdidas que pueda sufrir el sector.
Mesa de la remolacha
La consejera de Agricultura también anunció que la semana que viene se constituirá la mesa sectorial del sector remolachero azucarero.Una cuarta parte para bebidas
Por su parte, el presidente de Acor, Carlos Rico advirtió del impacto de gravamen cuando, precisó, una cuarta parte de la producción de azúcar de Castilla y León está destinada a las bebidas carbonatadas azucaradas y afirmó que «no se debe, ni se puede ni es razonable demonizar» este producto y creer que un impuesto puede modificar hábitos de consumo en los jóvenes.El consejero delegado de Azucarera Ibérica, Juan Luis Rivero, criticó duramente la decisión del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy y expresó su preocupación sobre todo por el «daño que puede hacer a la imagen de este ingrediente». «Lo único que hace es daño a la imagen del azúcar en un momento en el que están volcados para ser competitivos», constató.